La mayor operación contra la caza furtiva se salda con doce detenciones

La Guardia Civil desarticuló en Toledo, Madrid y Salamanca dos grupos especializados en la caza furtiva que incluso organizaba cacerías ilegales en reservas naturales para abatir especies protegidas. La 'Operación Bambi' se saldó con la detención de seis personas en Toledo, cuatro en Salamanca y dos en Madrid, a quienes se imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas y otros relativos a la protección de la fauna y la flora. Se trata de la mayor operación de estas características realizada hasta a la fecha en España, subrayó el instituto armado.

Fruto de esta operación se han decomisado más de cincuenta armas de última generación, rifles con mira telescópica de precisión, focos, silenciadores, unos quinientos trofeos de caza de especies protegidas como el turón o la avutarda y hasta crías de animales congeladas. Los investigadores localizaron además en Toledo una taxidermia ilegal en la que se disecaban las piezas cobradas. Algunos de los integrantes de la red acumulan antecedentes por los mismos delitos desde los años 80.

Doble fondo

En la capital castellano-manchega los detenidos son V.M.R, encargado de las labores de vigilancia en los lugares escogidos para la caza furtiva; J.C.C y J.L.S.B fabricaban los silenciadores que vendían a los clientes a un precio de 700 euros unidad; P.C.C practicaba los dobles fondos en los vehículos para ocultar las armas y las piezas; y J.A.S.G y J.C.C. Los detenidos en Salamanca -M.H.P, L.A.O.C, P.G.L y J.B.P- fueron identificados por comprar silenciadores a los anteriores. En Madrid fueron arrestados M.T.C y y J.R.C. A este último se le considera el cabecilla de la red y encargado de captar clientes, buscar el lugar propicio para las preferencias cinegéticas de éstos y facilitar el armamento.

El portavoz de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, José Luis González Capilla, precisó que algunos de los detenidos, todos españoles, tienen un alto poder adquisitivo. A sus clientes les exigían el pago de unos 3.000 euros por la captura de un lobo y de 1.200 por cinco corzos a la hora de ser contratados como pretendidos guías.

De todos los delitos que se les imputan sólo el de asociación ilícita puede comportar penas de cárcel. Los relativos a la protección de la flora y la fauna sólo llevan aparejadas sanciones económicas. Las acusaciones por tenencia ilegal de armas (los silenciadores) suelen retirarse si a los infractores se les priva de la licencia de armas.