El Constitucional aparta a dos magistrados conservadores del debate sobre la reforma de la LOTC

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado por mayoría las recusaciones instadas por la Abogacía del Estado contra los magistrados de tendencia conservadora Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata lo que supone apartarles del debate sobre el recurso que interpuso el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula la institución (LOTC), según fuentes del Alto Tribunal.

La decisión, adoptada en un Pleno de ocho miembros, ha contado con el voto particular de los magistrados Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas en un debate que se ha prolongado durante unas cinco horas. Tanto el auto admitiendo las recusaciones como los votos particulares serán dados a conocer en los próximos días.El Pleno ha estado presidido por el magistrado Vicente Conde y el ponente del auto de recusación es el magistrado Manuel Aragón perteneciente a la tendencia progresista de este órgano.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recusó el pasado 19 de octubre a García-Calvo y a Rodríguez Zapata por considerarlos "contaminados" para resolver el recurso contra la LOTC, después de que el pasado mes de junio manifestaran en un escrito su "más profunda discrepancia" con la reforma de esta ley.

En su escrito, los dos magistrados criticaron especialmente el artículo de esa norma que prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano, María Emilia Casas -adscrita a la considerada corriente progresista-, cuya dimisión pidieron expresamente.

La importancia del voto de calidad

Dada la actual composición del Constitucional, donde el sector progresista y el sector conservador cuenta cada uno con seis magistrados, la presidencia es especialmente importante porque este cargo lleva aparejado el voto de calidad decisivo para romper eventuales empates en las votaciones.

Así, asegurarse la mayoría en el pleno, aunque sea mediante el voto de calidad del presidente, es determinante cuando el TC debe pronunciarse en los próximos meses sobre la constitucionalidad de algunas de las leyes más significativas de la última legislatura: la del matrimonio homosexual, el Plan Hidrológico Nacional y, por supuesto, el Estatuto catalán, recurridas todas ellas por el PP.

Fue por ello que, después de que el Gobierno recusara a García-Calvo y a Rodríguez- Zapata , el PP recusó a su vez a tres magistrados progresistas -Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps- con el argumento de que ellos también se habían pronunciado sobre la reforma de la LOTC, en este caso a favor.

La información periodística como argumento

Las recusaciones del PP, sin embargo, no se basaban en ningún documento suscrito por estos magistrados, sino en una información periodística sobre lo dicho por ellos en una reunión mantenida en la sede del tribunal que fue desmentida por todos y cada uno de los asistentes a ese encuentro: los recusados, la presidenta Casas y los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas. Ese rotundo desmentido llevó el pasado 27 de octubre al Constitucional a rechazar 'a limine' (de plano) tramitar las recusaciones del PP.

El tribunal esquivaba así, de paso, la amenaza de bloqueo por falta de 'quorum' a la que se enfrentaba, ya que la ley prevé que el pleno del TC sólo puede tomar decisiones si está compuesto por un mínimo de ocho magistrados.

Este es, precisamente, el número de jueces que integrará el pleno que resolverá el recurso del PP contra la LOTC, ya que a la exclusión de la sala de García-Calvo y Rodríguez- Zapata hay que añadir las abstenciones de Casas y del vicepresidente Guillermo Jiménez, cuyo mandato también quedó prorrogado tras la entrada en vigor de la ley. De los ocho magistrados que quedan, cinco son considerados progresistas y los otros tres conservadores.