Tribuna | La imperiosa necesidad de reforma en la economía

Desde los Pactos de la Moncloa, los sucesivos gobiernos han apoyado el modelo de concertación social como el mejor y hasta único posible para la modernización de la economía. Tan es así, que cuando ha sido necesario por imperioso adoptar decisiones de política económica sin el concurso de ese consenso, o en cualquier caso sin el beneplácito sindical, aparece el fantasma de la huelga general. Digo fantasma dada la mal llamada «tradición democrática desregulatoria de la institución». No es que esta desregulación sea la opción buena, es que ningún gobierno democrático ha asumido la responsabilidad y legitimidad que la soberanía popular le asiste y que debe ejercer para el bienestar de todos, aunque ello le suponga tomar un camino distinto del consenso. Nadie ha querido asumir el desgaste que en principio ello pudiera suponer, pero seguro que la inmensa mayoría de la ciudadanía premiaría la conducta sensata de quien legisla con las únicas miras del interés general.

En nuestra corta tradición democrática cualquier intento legislativo de llevar a cabo reformas que se separen de la ortodoxia sindical basada en un exacerbado concepto tuitivo de la legislación laboral, han supuesto cinco huelgas generales. En 1985 se convoca por la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y la Acción Protectora de la Seguridad Social. En 1988 se justifica por el proceso de reconversión industrial, restricción del dinero en circulación lo que provoca altos tipos de interés y las nuevas fórmulas de contratación temporal. En 1992, la elaboración del programa de convergencia exige un drástico recorte en la prestación de desempleo. En 1994, el fundamento de la misma consiste en la modificación a la baja de los contenidos del Estatuto de los Trabajadores. Hacen su aparición los denominados contratos basura. Ya en 2002 y gobernando el Partido popular, la modificación de la Ley Básica de Empleo que suponía alargar el tiempo de cotización para la obtención de la prestación de desempleo, originó la última de las huelgas generales. Esta, al igual que la de 1992 fue bautizada con el apodo de decretazo. Lo digo porque en la campaña electoral parece como si sólo hubiese existido el decretazo de 2002, cuando el de 1992 también existió, se le apodó de igual manera y en realidad eran absolutamente necesarios, a pesar de referirse a situaciones absolutamente distinta.

El del PSOE de 1992, la situación de déficit público era insostenible, y el déficit que generaba el INEM desproporcionado e inasumible por una Administración con un mínimo de decoro. Sin embargo, la situación había sido creada y alentada por el mismo gobierno, consecuencia de haber alargado en 1984 el período de cobro de la prestación de forma poco razonable, además de abrir irresponsablemente el abanico del concepto «situación legal de desempleo», lo que puso en entredicho y en situación dramática el propio mercado de trabajo. En 2002, se produce la reforma de la prestación en un período de crecimiento, momento adecuado donde los haya para hacerlo. El motivo fundamental era la distorsión existente en algunos, no pocos sectores de la actividad económica, donde existía paro registrado y a la vez altas tasas de demanda de empleo, lo que entre otras cosas justificaba las contrataciones en origen de un alto número de inmigrantes a través del sistema de cupos.

Sólo de ésta forma era posible equilibrar la oferta y la demanda de empleo. En relación con esta norma, recuerdo el posicionamiento firme a su favor de Ramón Tamames, desde luego nada sospechoso, además de su condición de catedrático de Estructura Económica, había sido parlamentario por el Partido Comunista de España. Llegó a calificar la misma como la mejor de las promulgadas en la era del Partido Popular y que desaprobaba su modificación en el trámite parlamentario de convalidación. También tuvo lugar una huelga general y el gobierno de entonces se plegó en parte a las demandas sindicales. Esta norma también recibió el apodo de decretazo, por cierto el único en contienda en la campaña electoral, como si no hubiera habido otro, o como si no hubiera habido otras huelgas generales a gobiernos socialistas en nuestro reciente periplo democrático.

Las necesarias reformas estructurales de la economía española son inaplazables. Bien por la tradicional senda del consenso, bien a través del ejercicio de la potestad legislativa del Estado con un amplio apoyo parlamentario, ya que deben proyectarse desde el corto hasta el largo plazo. Precisamente su carácter estructural condiciona estas medidas en plazos que superan los períodos de gobierno de cuatro años. La estabilidad presupuestaria y la seguridad jurídica exigen la estabilidad de las normas, ya que el principio más anhelado de la inversión es la seguridad por delante de la rentabilidad.

En síntesis, hay que atajar de forma inmediata los siguientes problemas:

Primero. La inflación. Para ello hay que restringir el gasto público y llevar a cabo la necesaria reforma fiscal, de tal forma que el ciudadano tenga cierta holgura en sus decisiones de consumo privado y poder sobrellevar el alto grado de endeudamiento familiar que se ha consolidado en las familias españolas por la adquisición de una vivienda.

Segundo. Hay que reducir el déficit exterior de forma drástica, máxime ahora que entramos de lleno en la parte baja del ciclo económico, produciendo ello un problema adicional de financiación exterior.

Tercero. La mejora de la productividad, considerada esta como la cantidad de bienes y servicios producidos en cada hora de trabajo que se realiza. Su importancia es determinante ya que mide al unísono la renta total que ganan sus miembros y el gasto total de esa economía.

Cuarto. Hay que reformar el mercado de trabajo, haciendo especial mención en la negociación colectiva, que debe promoverse y proyectarse en el ámbito de las empresas.

Quinto. Reforma absoluta del Sector público y la Administración. En el primero debe primar la existencia de mercados competitivos, por ejemplo la sanidad debe considerarse como un derecho de opción en toda su dimensión por el ciudadano, mientras que la segunda debe renunciar a la burocratización que la hace ineficiente y poco ágil ante la solicitud de respuesta social.