Abren diligencias contra el juez de menores por firmar un manifiesto

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido emprender medidas disciplinarias contra casi 150 magistrados por firmar un manifiesto en el que expresaban su oposición a ciertas propuestas electorales del Partido Popular. Así lo ha explicado a este medio el juez de menores de Jerez, José Miguel Martínez, que ha resultado ser uno de los profesionales afectados por esta medida. En concreto, el presidente del CGPJ ha abierto diligencias informativas por una falta muy grave, al considerar que con su apoyo al documento en cuestión estos jueces incumplen la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge la prohibición de que éstos se manifiesten públicamente durante el periodo electoral.

Estas diligencias comenzaron la pasada semana, por lo que aún no le ha llegado el oficio explicativo a la mayoría de los afectados. Una vez que lo tengan en la mano, contarán con un plazo de diez días para presentar las correspondientes alegaciones, tras lo que se decidirá si se archiva la causa o se abre un expediente disciplinario a los magistrados suscribientes. En este último caso, después de otro periodo de alegaciones, se producirán las propuestas de sanción.

El manifiesto de la discordia fue firmado por más de 300 personas, entre jueces, abogados, secretarios judiciales, fiscales y profesores universitarios, fundamentalmente. Según Martínez, el Consejo ha optado por esta vía porque «entiende que es algo hecho contra el PP y a favor del PSOE».

El contenido

El contenido del documento, al que este periódico ha tenido acceso, se centra en las propuestas electorales de los populares en materia criminal, poniendo en tela de juicio, además de algunas de ellas, la forma de exponerlas y lo adecuado del momento y el contexto en el que se trasladan a la ciudadanía.

«Hemos criticado la bajada de la edad penal a los doce años, como ellos proponen, que nos parece muy mal, así como otras propuestas del PP, cuestiones de carácter muy trascendente, que sólo se deberían adoptar tras un debate serio. No es propio lanzarlo a la opinión pública sin base científica, si quieren reformar determinadas cosas primero se necesitan unos informes y un debate», señala el juez de menores de Jerez, José Miguel Martínez.

En el manifiesto, titulado Por un debate político-criminal racional, se considera que las campañas electorales «son momentos privilegiados para el análisis y la discusión de proyectos», por lo que «es de la mayor importancia que lo políticos expresen con claridad los compromisos que se asumen y que se produzca la máxima participación», añade Martínez.

En este sentido, se alude a la utilización de «procedimientos sesgados y de técnicas propagandísticas dirigidas a deformar la percepción social del riesgo generado por alguna clase de delincuencia, y a crear un injustificado clima de alarma». En lo que respecta a la reacción del Consejo General del Poder Judicial, Martínez tiene claro que detrás de las mismas se esconden intereses de tipo político, y que responde a una pataleta porque «sabían que el Partido Popular no iba a ganar las elecciones». No obstante, el magistrado se muestra confiado, y espera que las medidas emprendidas finalmente «no lleguen a nada».

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