El acusado de matar a su pareja en El Puerto confesó ante el juez odiar a la víctima

Lleva desde el 27 de febrero recluido en la cárcel de Puerto II, acusado de un delito de homicidio. José Luis G. R. había sido detenido un día antes en una pollería de la localidad portuense, donde asestó cuatro puñaladas que acabaron con la vida de su mujer. Una semana y media después de ser trasladado a prisión, se conocen algunos detalles importantes de la declaración que hizo ante el juez instructor del nº 4 de El Puerto.

El acusado no reconoció la autoría del crimen, pese a que fue reducido por el dueño del establecimiento tras agredir a su esposa. Gracias a la intervención de este hombre, la Policía pudo apresarlo nada más apuñalar a la que fuera su pareja. Alegó en su defensa que no se acordaba de nada, que había estado en tratamiento por problemas mentales, pero sí confesó ante la autoridad judicial que odiaba a su víctima, confirmaron a este medio fuentes del procedimiento.

Ese sentimiento pudo ser el que movió a José Luis G. R., de 56 años, a matar presuntamente -aún no ha sido enjuiciado por ello- a su mujer, con la que había iniciado los trámites de separación. Ese proceso estuvo salpicado por un cruce de denuncias que en este caso no tuvieron su origen en la víctima. Según explicaba una amiga de la fallecida el mismo día del crimen, «él se adelantaba en todo». Así, en noviembre del año pasado la denunció por coacciones y obtuvo una orden de alejamiento que impedía a su esposa acercarse a él. Un mes después, era ella quien denunciaba malos tratos.

Pero estas acciones legales no impidieron que la víctima falleciera a manos de su esposo.

La acusación del Ministerio Público será ejercida por la fiscal delegada en materia de violencia de género, Lorena Montero, que va a proponer una evaluación psiquiátrica del acusado para saber si presenta algún tipo de trastorno mental o si sus actos fueron fruto de una enajenación transitoria.

En la misma línea, la Fiscalía va a estudiar el historial médico de José Luis G. R. para confirmar si recibió algún tipo de tratamiento, como ya alegó durante su declaración ante el juez.

Este tipo de pruebas son solicitadas para descartar o aceptar durante el juicio oral que el procesado tuvo mermada su voluntad en el momento de empuñar la navaja que empleó contra su mujer. Estas alteraciones mentales son esgrimidas como atenuantes por las defensas de los acusados. Incluso puede convertirse en una eximente completa si la defensa logra demostrar ante el tribunal que su cliente desconocía el alcance y la ilegalidad de sus actos.

Las mismas fuentes consultadas señalaron que ésa es la única baza que puede esgrimir la defensa de José Luis G. R. para obtener una condena de menos años, teniendo en cuenta que el apuñalamiento se produjo ante la presencia de varias personas. El letrado de la defensa, Julián de Diego, ya reconoció tras la declaración de su patrocinado en los juzgados que muy probablemente se sentaría en el banquillo de los acusados con una acusación de asesinato y no de homicidio y que podría enfrentarse a una pena que puede llegar a los 25 años.

Otra de las pruebas que se van a recabar en esta fase de instrucción es si la pareja se sometió a tratamiento específico para salvar su convivencia, con el fin de aclarar qué tipo de relación mantenía José Luis G. R. y su víctima, que tenía 49 años.

2.274 mujeres

La muerte de esta mujer coincidió en el tiempo con la de otras tres que fallecieron de manera violenta a manos de sus ex cónyuges, en lo que se convirtió en la jornada más negra de la violencia de género. Esta lacra social protagoniza cada año centenares de procedimientos judiciales que han llegado a colapsar los órganos judiciales especializados en esta materia. La última estadística actualizada del Instituto Andaluz de la Mujer indica que el año pasado 2.274 mujeres denunciaron malos tratos por parte de sus parejas y sus ex maridos en la provincia gaditana, de las cuales el 8,4% procede de otros países.

stubio@lavozdigital.es telefONO DE ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA I 019