El acuerdo económico y social de Jerez
El paro en Jerez continúa siendo uno de los problemas más graves que afectan a nuestra colectividad, y lejos de la notable reducción que ha experimentado en el conjunto del Estado en los últimos años, en el caso de nuestra ciudad presenta una llamativa singularidad: siguió la misma tendencia general descrita hasta principios del año 2001 en que alcanzó su mínimo que podríamos denominar -perdónenme el exceso- de histórico en los últimos treinta años, con 9.263 parad@s registrad@s, para a partir de esta fecha invirtiera su curso hasta situarnos en el pasado mes de enero en 19.318. Es decir en los últimos siete años, y contraviniendo la tendencia general, en nuestra ciudad y sus núcleos rurales el paro se ha duplicado. Y ello no puede ser fruto exclusivamente de las últimas sacudidas que afectan a la economía globalizada, que también -deslocalización industrial, crisis del sector de la construcción, sistema financiero especulativo, encarecimiento de la energía, etc-, sino que algo estructural de nuestra economía o, si se quiere, más íntimamente ligado a nuestro modelo de producción, está en el origen de esta grave irregularidad que afecta profundamente a muchos jerezanos y, con especial intensidad, a muchas jerezanas.
Actualizado:El Ayuntamiento de Jerez -como el resto de los ayuntamientos españoles- carece de competencias propias en lo tocante a políticas de empleo, lo que limita su capacidad para afrontar el problema, pero no lo anula. Quiero decir que su responsabilidad debería estar donde los problemas de l@s ciudadan@s no están resueltos -tengan o no competencias atribuidas- y éste, desgraciadamente desde hace mucho tiempo, es uno de ellos. Así parece haberlo entendido -por fin, y a golpe de datos estadísticos- la alcaldesa de nuestra ciudad que, recientemente, ha convocado a los sindicatos mayoritarios y a la patronal de los empresarios provinciales a la firma del documento I Acuerdo por la concertación social y el desarrollo económico de la ciudad de Jerez que tiene como principal objetivo el incremento de los niveles de empleo. Y es, sobre dicha actuación, sobre la que aquí quiero reflexionar y hacerla llegar a l@s lector@s interesad@s.
La resolución del problema del paro en el sistema económico en que estamos inscritos pasa, en nuestra opinión, en primer lugar, por la mejor utilización de los recursos públicos -inversiones y servicios- que ponen a disposición municipal las administraciones competentes: la Unión Europea, la Administración Central y la Junta de Andalucía, y, en segundo lugar, por la orientación y apoyo a la actividad empresarial local y, singularmente, al fomento de la economía social y el autoempleo desde el Ayuntamiento. Ello requiere el concurso de todos, y quiero subrayar todos: los institucionales, los agentes económicos y sociales y, en general, de la ciudadanía, que propicie un proyecto colectivo ilusionante en el que implicarnos. No parece ser este el caso del Acuerdo, porque, siendo innegable la necesidad de la representación de los sindicatos y las organizaciones empresariales en el mismo, hay por otro lado lamentables ausencias como después veremos.
Pero también hay deficiencias graves: en primer lugar se ha excluido a la Corporación Municipal -es decir al conjunto de l@s Concejales que la integramos, representantes de la voluntad popular de las últimas elecciones municipales- del Acuerdo citado y ha sido suplantado por el de la Alcaldesa. Ello implica una actuación nada democrática ya que, independientemente de la mayoría en que se sustenta su gobierno, las formas democráticas son esenciales: su debate y aprobación en una sesión plenaria -máximo órgano de decisión municipal- hubiera permitido, cuanto menos, darlo a conocer a los representantes de l@s jerezan@s y a la ciudadanía, como también las críticas de éstos y, sin duda, sus aportaciones. Ello hubiera podido contribuir a la consecución de un Acuerdo de amplio respaldo que un proyecto de las características señaladas precisa. IU, al menos, recoge en su programa municipal un Pacto Local por el Empleo y hubiera estado dispuesta a confrontarlo con el propuesto.
Por la misma razón los Grupos Políticos Municipales deben formar parte de los órganos de seguimiento del Acuerdo adoptado ¿o se pretende sustituir la representación política municipal por la sindical y la empresarial? Si así fuera, sería una aberración democrática.
El Acuerdo obvia también como signatarios a las instituciones públicas que requieren su participación: las Consejerías de Empleo, Innovación Ciencia y Empresa, Agricultura, Universidad., etc. El conocimiento de su participación y el alcance de su compromiso hubieran sido esenciales en la imagen de solidez y garantías que precisa el Acuerdo.
Otro tanto habría que decir de la participación ciudadana, testigo mudo en un problema que le afecta de modo generalizado.
Pero si la participación en el Acuerdo es sumamente deficitaria, algunos aspectos de sus contenidos merecen algún comentario: las tomas de decisiones de las mesas técnicas creadas en el Acuerdo sobrepasan, con mucho, competencias propias del Pleno Municipal como lo es la política fiscal, la urbanística, la de vivienda o de los servicios. Las políticas señaladas tienen sus fines propios que deben ser un justo reparto de las cargas municipales y la consecución de una mejor calidad de vida de la ciudadanía, y su desarrollo pueden y deben implicar la creación de empleo con lo que, evidentemente, nos identificamos. Lo que no es aceptable es invertir el planteamiento.
En definitiva el Acuerdo, tal como se ha planteado, es una ocasión perdida por el gobierno municipal para hacer las cosas en condiciones y afrontar decididamente la solución de tan grave problema.