La educación, prioridad andaluza
La educación se ha convertido en una referencia constante en los discursos y debates de la campaña electoral andaluza. La formación de los más jóvenes y una mayor calidad de la oferta educativa constituyen la puerta de acceso al futuro para cualquier sociedad. Ello es incompatible con el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios, que en Andalucía alcanzan índices especialmente preocupantes. Además, los informes PISA vienen situando el conocimiento y la aptitud de los alumnos andaluces por debajo de la media española. Todas las formaciones que concurren a las elecciones son perfectamente conscientes del problema, como se constata en la crítica de la oposición y en la autocrítica de la Junta; y la mayoría de sus propuestas para paliar los déficits educativos resultan coincidentes. La reducción de la ratio profesor/alumnos, la extensión de la educación bilingüe, la formación de los propios docentes y los programas de incentivos, la extensión de las nuevas tecnologías y, en general, el incremento de la dotación presupuestaria dedicada a la enseñanza parecen haberse convertido en lugar común, aunque persistan las diferencias al poner el énfasis en la calidad o la igualdad.
Actualizado: GuardarLa Ley de Educación de Andalucía aprobada a finales de 2007, muy debatida con el sector pero sin el consenso del PP, aporta respuestas a través de la adecuación de los centros a sus características singulares. Es una iniciativa lógica, aunque refleja el equívoco de considerar que las soluciones de la educación son legislativas y de trasladar a los centros y al profesorado responsabilidades de los propios alumnos y sus familias. Los esfuerzos presupuestarios y la reordenación del sistema no bastarán para lograr una mayor calidad mientras en la comunidad educativa -alumnos, profesores y padres- no se distribuyan adecuadamente las cargas de responsabilidad. La autoridad que ha de recobrar el profesorado ante sus alumnos requiere que los padres testimonien ante sus hijos el reconocimiento que precisa la labor docente. Los derechos laborales que asisten a los profesionales de la enseñanza no pueden impedir que se avengan a un desarrollo curricular más eficiente y competitivo. Los alumnos han de asumir su principal obligación para consigo mismos, que es la formación, evitando acomodarse en un papel pasivo transfiriendo a los profesores las causas de su retraimiento ante la actividad escolar o sus eventuales carencias, algo a lo que los padres deben prestar especial atención. Es imprescindible que el discurso político, más allá de la inmediatez electoral, ponga énfasis en estas premisas esenciales. Y que tanto en las Cortes como en el Parlamento de Andalucía el tema educativo se convierta de una vez en materia de consenso, brindando al sistema la estabilidad que durante los últimos años se le ha negado debido al vaivén legislativo y a la excesiva ideologización del debate sobre la enseñanza.
