El Defensor del Ciudadano será elegido por mayoría y estará seis años en el cargo

Incorporación inminente. Esa es la previsión que desde la delegación de Personal que dirige la concejal de IU, Nadine Fernández, se realiza del nuevo puesto de Defensor del Ciudadano que tiene previsto crear el gobierno local.

Esta plaza, una antigua reivindicación de los cuatro partidos que hoy gobiernan Chiclana en su etapa de oposición en la anterior legislatura, será elegida «por consenso», puesto que harán falta al menos tres cuartas partas de los votos de la Corporación Municipal en Pleno para su elección.

Sin que de momento se hayan hecho públicos los nombres de los candidatos que se barajan, lo cierto es que la propia Fernández reconocía recientemente que «a nosotros nos gustaría que fuera alguien accesible y amable en el trato, preferiblemente con don de gentes y un amplio conocimiento de la localidad y sus circunstancias, y si es posible de Chiclana».

Estos requisitos se suman a la obligatoriedad de que el candidato o candidata tenga estudios superiores, y disponibilidad plena.

Cuando acceda al cargo tendrá la posibilidad de estar en él durante un tiempo máximo de seis años, según se estipula en el programa de gobierno del cuatripartito.Su asignación económica asciende, de momento, a unos 28.038 euros, y el proceso para su elección pasará varias fases. Según explicó la delegada de Personal del Consistorio «cada partido podrá proponer a quien considere persona idónea para ocupar este puesto, y luego se decidirá por votación», aseguró.

La creación de esta figura del Defensor del Ciudadano está siendo muy polémica en Chiclana desde que se hizo público que está vinculada formalmente a la relación de personal de confianza prevista por el equipo de gobierno municipal. De hecho, este cargo figura como una de las 29 plazas de asesores de alcaldía en las partidas presupuestarias aprobadas para el año 2008, lo que ha llevado incluso a que algún ciudadano de forma individual haya presentado alegaciones formales a la naturaleza de su nombramiento. Además, la posibilidad de que su elección se produjera de forma directa y sin consenso político ha sembrado de críticas el nuevo cargo, antes incluso de que comience a funcionar formalmente.

Desde el PSOE en la oposición se considera que «será un cargo vinculado al gobierno y que no tendrá representación alguna si es elegido de forma directa».

Sin embargo, desde el Ayuntamiento el delegado de Presidencia, Andrés Núñez, ha repetido en los últimos días que «un requisito para su nombramiento será el consenso», y que «poner de acuerdo a los cinco partidos políticos será algo fundamental».

Ese mismo planteamiento lo reforzó en su última referencia a la figura del Defensor del Ciudadano la delegada de Personal, que ratificó que su intención es que «quien sea elegido cuente con el respaldo de todo el mundo para mejorar su operatividad y darle garantías de funcionamiento».

El Defensor del Ciudadano nace para interceder en las disputas entre los ciudadanos y la administración, y mediará en los asuntos en los que tanto particulares como colectivos de la localidad reclamen de su asistencia.

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