CEREBRO. A Carlos Carretero, antiguo jefe de la Policía Local de Ubrique, se le ha considerado el impulsor de la trama, junto al inspector médico Francisco Casto. / O. CH.
Ciudadanos

La instrucción de la 'operación Karlos' termina con 34 imputados

Considera que la trama presuntamente falsificaba informes y documentos para facilitar el cobro de prestaciones por invalidez El juez mantiene la acusación contra María José Campanario y sitúa al ex jefe de Policía de Ubrique en la cúpula de la supuesta organización

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El magistrado titular del Juzgado número 1 de Cádiz, Jorge Bartolomé Moriano, ha concluido la instrucción de la operación Karlos con la imputación de 34 personas, entre las que se encuentran Carlos Carretero (ex jefe de la Policía Local de Ubrique), María José Campanario y la antigua secretaria de Pedro Pacheco, Mari Paz Cañero. En el auto judicial de 24 de febrero, al que LA VOZ ha tenido acceso, se sitúa a Carretero y al inspector médico Francisco Casto como cerebros de la trama y se les acusa, por tanto, de presuntos delitos continuados de cohecho, estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Como consta en el documento, el ex jefe de la Policía y el inspector médico, en calidad de funcionario de la unidad de valoración de incapacidades laborales del Servicio Andaluz de Salud, coincidieron en el año 2003, durante una revisión por enfermedad a la que se sometió Carretero. En dicho encuentro, ambos rememoraron vivencias comunes nacidas a raíz de la relación de amistad entre sus respectivas esposas. Entonces decidieron urdir «un plan», según especifica el auto, centrado en contactar con terceros que estuvieran interesados en obtener, «aún de forma irregular», una prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Estas personas deberían abonar una cierta cantidad, a repartir entre los dos imputados, a cambio de que Casto, «renunciando a su deber de actuación objetiva e imparcial, o incluso inventando o exagerando la realidad, emitiera informes lo más favorables posible».

Siempre según la instrucción, para ejecutar este plan era necesaria una baja médica del solicitante, así como la fijación de un domicilio en algunas de las localidades en las que este profesional sanitario extendía su competencia, por lo que el inspector tuvo que servirse de otros médicos cuyos informes prestaran soporte a su actuación, incluyendo otras personas que facilitaran su dirección a efectos de notificación. Además, los dos cerebros de la operación se sirvieron de colaboradores que participaban en tareas auxiliares, como la captación de posibles beneficiarios, el traslado de personas y la recogida de documentación.

Ramificaciones

Precisamente una de esas personas de confianza de Carretero fue la que introdujo en la trama a la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, que según el auto habría puesto en marcha «todas las actuaciones tendentes a la obtención de una pensión» para su madre, Remedios Torres. Ambas aparecen también como imputadas en esta diligencia judicial, por presuntos delitos de cohecho, falsedad continuada de documento oficial, estafa y usurpación de estado civil.

Tras la elaboración de la documentación aquí esgrimida, el juez titular del Juzgado número 1 de Cádiz ha dado por concluida la fase de diligencias previas, considerando practicados todos los actos imprescindibles. El resultado de la citada instrucción es la imputación de estas 34 personas, ante la posibilidad de que los hechos puedan ser constitutivos de infracción penal, figurando como responsables civiles en el proceso correspondiente. El siguiente paso dentro del procedimiento es el traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal, así como a las acusaciones particulares, con el fin de que en el plazo de diez días formulen la petición de apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Los encargados de la defensa de los diversos imputados, por su parte, podrán interponer los recursos que estimen oportunos. Por lo que respecta a las fianzas exigidas a los acusados, la mayoría se han fijado en 1.000 euros, no sobrepasando en ninguno de los casos los 3.000.

admontalvo@lavozdigital.es