La implicación de una de las reinas del papel 'couché' y su madre
Que María José Campanario estuviese implicada en la operación Karlos provocó que ésta tuviese un gran eco mediático, especialmente en la prensa del corazón. Y todo por estar casada con un conocido matador de toros, Jesulín de Ubrique. Sea como fuere, su caso ejemplifica perfectamente cómo funcionaba la trama delictiva.
Actualizado:Su supuesta implicación en el caso comienza a gestarse en el verano de 2004. Según la instrucción, fue cuando uno de los imputados invitó a cenar en un restaurante de Castellón a María José Campanario, a la que conoce por ser amiga de la familia, y a su madre, Remedios Torres. La situación laboral y de salud de esta última no tardó en convertirse en tema de conversación.
Bien esa misma noche o en encuentros posteriores, el mismo imputado en el caso le comenta a Campanario que conoce a alguien que le puede conseguir una pensión de la Seguridad Social a su madre Remedios. El anzuelo estaba puesto y la maquinaria para un nuevo fraude, en marcha.
Carlos Carretero no tardó en contactar con María José Campanario, quien -siempre según la instrucción- aceptó con el consentimiento de su madre encargarle que se ocupase de las actuaciones necesarias para que Remedios obtuviese una pensión. Cabe reseñar que hasta ese momento, y desde el 25 de noviembre de 1997, la madre de Campanario tenía reconocida una minusvalía del 54%, sin que la misma llevase aparejada efectos económicos.
Habría entregado a Carlos Carretero 18.000 euros para el inicio de las gestiones necesarias. Los siguientes pasos fueron fingir un contrato de trabajo en una de las empresas con la que contaban los responsables de la trama, darle a Remedios de alta en la Seguridad Social, que un médico firmase bajas laborales por incapacidad laboral, que otro emitiese informes clínicos y fijarle un domicilio ficticio en la provincia de Cádiz, que, curiosamente, resultó ser el del padre de Carlos Carretero. Sólo restaba un informe favorable del inspector médico Francisco Casto -otro de los imputados- para que pudiese optar a la incapacidad permanente.
Y así se hizo, según la instrucción. Remedios Torres fue dada de alta en la empresa Grupo Financiero Inmobiliario el 2 de febrero de 2005, primero, y, el 23 de mayo de ese mismo año, en Área Inmobiliaria Jerezana. Meses después, concretamente el 3 de noviembre, el médico Harold Escalante extendió un parte de baja sin ver en ningún momento a la supuesta paciente. Después llegaron sucesivos partes de confirmación y, «para dar apariencia de veracidad», el médico Luis Carretero «inventa y extiende» un informe de urgencias de un centro hospitalario de El Puerto de Santa de María. El motivo de asistencia argumentado fue «una caída mientras paseaba». Luego se sucedieron otros informes de evolución y, el 14 de diciembre de 2005, el de propuesta de incapacidad firmado por Francisco Casto. El diagnóstico hablaba de «cervicobraquialgia derecha por hernia discal C5-C6, indicando que se trata de una limpiadora de 58 años, que sufre accidente no laboral con esguince cervical severo y traumatismo cráneo encefálico en hiperflexión».
El expediente pasó a la Delegación Provincial de la Seguridad Social para que se reconozca allí la incapacidad permanente de Remedios. Ésta acudió el 10 de febrero de 2006 a dicho organismo para ser explorada por una doctora que acordó la práctica de una prueba para emitir el denominado informe de síntesis. En la instrucción se afirma que la madre de Campanario había sido previamente instruida sobre cómo actuar.
Pero quedaba pendiente la prueba en cuestión y fue entonces cuando se rizó el rizo. Para evitar que Remedios tuviese que desplazarse a Cádiz desde Castellón, Carlos Carretero y Francisco Casto «lo arreglaron» para suplantarla con la madre de otra de las encausadas. Pero la jugada no salió bien, ya que la resolución final denegó la incapacidad permanente «por no alcanzar las lesiones un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral».