ESPAÑA

El fiscal general del Estado reprocha al TC que insinúe que depende del Gobierno

Sostiene que su ministerio debe estar «más cerca de los estafados que de los estafadores»

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El fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido afirmó que el Tribunal Constitucional busca, con la queja transmitida a José Luis Rodríguez Zapatero, «insinuar maliciosamente una inconstitucional e inexistente dependencia (de la Fiscalía) del Ejecutivo». Esa protesta, añadió, es una muestra de «los ataques inesperados» que recibe el Ministerio Fiscal.

Conde-Pumpido no se quedó quieto tras la carta de la presidenta del Constitucional al jefe del Ejecutivo para quejarse de las críticas del fiscal por la absolución de 'los Albertos' de un delito de estafa en el conocido como 'caso Urbanor'. El responsable del Ministerio Público recordó que la Fiscalía es «un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial».

El fiscal general quiso subrayar de esta manera que carecía de sentido dirigir una protesta al jefe del Ejecutivo por una actuación suya, salvo que se quiera «insinuar maliciosamente» que existe una relación de «dependencia» entre su institución y el Gobierno, algo que sería «inconstitucional» además de «inexistente». Describió que el Ministerio Público está acostumbrado a los «ataques interesados», pero admitió que en este caso proceden «del lugar más insospechado», el Tribunal Constitucional.

Obligación

Conde-Pumpido indicó en su intervención institucional que los fiscales están obligados «siempre» a estar «más cerca» de los intereses de «los agredidos que de los agresores, de los estafados que de los estafadores».

El fiscal general no hizo mención a nombre propio o institucional, pero todos los asistentes entendieron el recado. Conde-Pumpido discrepó el pasado lunes «total, radical y abiertamente» de la absolución de 'los Albertos' de los delitos de estafa y falsedad documental.

Esta actitud del jefe del Ministerio Público, quien además se mostró convencido de que los acusados se quedaron «con el dinero de la estafa», motivó que los doce magistrados del Constitucional remitieran el pasado jueves una carta a Rodríguez Zapatero, en la que mostraron su «malestar» por las críticas «gratuitas» de Conde-Pumpido, una actitud sin precedentes en los casi treinta años de historia de la corte de arbitraje constitucional.

El jefe del Ejecutivo respondió a la misiva con el mensaje de que «toma nota» de su protesta, y la vicepresidenta primera señaló ayer que Rodríguez Zapatero transmitió a la presidenta del Constitucional su «respeto total y absoluto» a las decisiones que adopte ese tribunal.