Una nueva ordenanza pretende frenar los vertidos de escombros ilegales

El equipo de Gobierno propondrá en el Pleno del próximo jueves una nueva ordenanza de residuos para la construcción y demolición en todo el término municipal. Esta norma municipal pretende adaptar para la ciudad un reglamento que ya recibió el visto bueno de la Mancomunidad, pero que deben aprobar los plenos de todos los ayuntamientos integrados en el organismo.

La gestión de la Mancomunidad se justifica porque el depósito de escombros supera el ámbito estrictamente local. Los vertidos ilegales se producen sin distinción de términos municipales y resulta más óptimo localizar los vertidos autorizados de manera conjunta y dando servicio a más de una ciudad.

Puerto Real será uno de los primeros municipios en incorporarla a la norma municipal, pues sólo la localidad de Rota, que lo hizo la pasada semana, la ha aprobado, con el apoyo unánime de todos los grupos. Una vez que entre en vigor, las constructoras deberán incluir, al presentar los proyectos de obra en el Ayuntamiento, un plan para la gestión de sus escombros, expresando el volumen de residuos que va a generar y a qué vertedero autorizado van a ser transportados, entre otras especificaciones. El constructor estará obligado a abonar una fianza económica que le será devuelta al presentar en el Consistorio el certificado expedido por el gestor autorizado que acredite que, efectivamente, ha depositado sus escombros de manera correcta y según lo solicitado en su plan.

La cuantía de esta fianza dependerá del tipo de residuos, para residuos de derribo y construcción serán 12 euros por m3 con un mínimo de 300,5 euros, y para escombros de excavaciones, 6 euros por m3, con un mínimo de 300,5 euros y un máximo de 48.000 euros.

Para las obras menores de construcción y reparación en domicilios particulares, comercio y oficinas de sencillez técnica y que no precisen de proyecto firmado por un técnico, el Ayuntamiento establece una garantía económica fija de 150 euros, que le será devuelta siguiendo el mismo modelo que en obras grandes.

La norma establece las infracciones por incumplimiento. La sanción dependerá de varios factores, entre ellos el volumen de residuos depositados y la consideración como muy grave aquellos vertidos que produzcan un daño grave para el medio ambiente. Teniendo en cuenta la extensa superficie de Parque Natural con que cuenta este municipio y la existencia de vertederos incontrolados en algunos puntos de éste, la protección que garantiza la ordenanza en este sentido pretende erradicar estas prácticas.

El texto de esta ordenanza fue abordado en el Consejo de Ciudad el pasado lunes recibiendo el aplauso de los asistentes. El equipo de Gobierno espera contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas para poner freno a las escombreras. El pasado verano los ecologistas denunciaron vertidos en los límites del pinar de la Algaida que aún no han sido retirados.