Es noticia:
ABCABC de SevillaLa Voz de CádizCádiz
Opinion

Justicia enfrentada

El escrito remitido por el Tribunal Constitucional al presidente del Gobierno, en el que denuncia la críticas recibidas del fiscal general del Estado por la absolución de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, constituye una decisión tan inédita como representativa de las zozobras que, por distintos motivos, han venido sacudiendo a la Justicia esta legislatura. El máximo garante de la Carta Magna considera que los reproches de Cándido Conde-Pumpido, que da por acreditado que ambos empresarios cometieron un delito de estafa que no ha prescrito aunque así lo argumente el TC, suponen una extralimitación intolerable en la legítima crítica jurídica. El malestar de los magistrados puede resultar comprensible ante la dureza con la que se expresó Conde-Pumpido, el tribunal que condenó a Cortina y Alcocer y que mantiene un conflicto cada vez más acerado con el Constitucional sobre la doctrina de la prescripción. Pero si ese contencioso se había ceñido hasta ahora al ámbito de la discrepancia entre las dos máximas instancias judiciales del Estado, la carta del TC a Zapatero los transforma en motivo para la diatriba política, especialmente porque viene a cuestionar la independencia de Conde-Pumpido al dirigirse al presidente como si fuera su superior directo.

Actualizado:

El hecho de que el Constitucional no haya respondido al Supremo no resta gravedad al enfrentamiento entre ambos tribunales, después de que el segundo haya llegado a acusar al primero de invadir sus prerrogativas al exculpar a los Albertos y de desconocer «la esencia» del artículo 123 de la Carta Magna que sitúa al TS en la cúspide de la jurisdicción ordinaria. Ante la tensión que está generando este último roce, resulta perentorio, por una parte, que el legislador promueva una reforma del Código Penal que clarifique el asunto de la prescripción; y, por otra que se haga frente de manera comprometida a las disfunciones que están causando las distintas interpretaciones que efectúan el Constitucional y el Supremo sobre los límites de sus respectivas competencias. Cabe exigir a aquellos que representan a la cúpula del entramado judicial español un esfuerzo de autocontrol que evite transformar divergencias de criterio en crisis institucionales que merman la imprescindible confianza de los ciudadanos en sus tribunales.