Impunidad hiriente
Los ilustres e importantísimos magistrados del Tribunal Constitucional se han enfadado. ¿Vaya por Dios! Les ha molestado que el Fiscal General del Estado haya criticado abiertamente, sin medias tintas, una reciente sentencia: la que deja en la calle a los llamados Albertos. Verá, soy lego en la materia judicial, pero para discernir lo que es justo de lo que no lo es tampoco hay que ser licenciado en Derecho. Basta con tener sentido común. Por eso es indignante la resolución de los sabios del TC, aunque se basen en argumentos jurídicos. Una cuestión formal, la prescripción de la pena, no debería ser suficiente para dejar impune un delito demostrado. Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados por el Supremo a tres años y cuatro meses de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental por el llamado caso Urbanor. Ante esta tesitura, los primos pidieron recurso de amparo al Tribunal Constitucional alegando que estos delitos habían prescrito. Y el TC les da la razón y ahora sentencia que los dos señores no deben cumplir la condena.
Actualizado:Los Albertos se embolsaron ilegalmente más de 3 mil millones de pesetas en la operación inmobiliaria con la que se construyeron las Torres Kio. Indicaron a los socios, con los que compartían la propiedad del solar, que los compradores, el grupo kuwaiti Kio, estaban dispuestos a pagar 150.000 pesetas por metro cuadrado, «cuando en realidad», según los jueces, KIO «estaba dispuesto a pagar», y efectivamente pagó, el metro cuadrado a 231.000 pesetas. Queda demostrada la listeza de estos señores multimillonarios que se libran de la prisión por la jodida prescripción. Algo falla en el sistema judicial cuando se producen manifiestas injusticias como esta. Y también empieza a fallar la confianza del ciudadano en los órganos judiciales. Habría que revisar la ley procesal para evitar que quienes se enriquecen mediante el engaño y la estafa, delinquiendo, solo sufran un castigo económico.