Promesas sin cifras

LA evolución de la economía española lleva años, desde la primera legislatura de Aznar, dependiendo de un modelo de crecimiento basado en la demanda interna de los consumidores y de la actividad en el sector de la construcción, ambos derivados de una política de bajos tipos de interés por parte del BCE. Esta ventaja para nuestro desarrollo, que ha afectado por igual a todos los países de la Unión Europea, se ha visto constreñida aquí por el crecimiento exponencial de la balanza comercial, que ha actuado como freno para el crecimiento del PIB. Ello se ha debido a que los consumidores españoles han preferido optar, por un lado, por productos de mayor calidad elaborados en algunos países de la OCDE, y por otro, por productos de bajo precio importados desde China o India.

Las ineficiencias derivadas de una falta de competencia mínima de los sectores fundamentales para el crecimiento, junto a un encarecimiento de los costes laborales unitarios como consecuencia de la carencia de trabajadores especializados y formados, pudo solucionarse, al final, con una política indiferenciada de inmigración que incentivó dos procesos consecutivos de regularización de varios centenares de miles de inmigrantes 'sin papeles'. Esto ha terminado facilitando la creación de multitud de pequeñas empresas de todo tipo que tan sólo eran rentables en la medida en que encontraban trabajadores, de baja cualificación, a los que bajar salarios bajos. Ese modelo, que ha propiciado también el crecimiento de la renta disponible y una cierta estabilidad de la inflación antes del progresivo encarecimiento del crudo, parece que ha llegado a su final cuando la burbuja de activos financieros -Bolsa y vivienda- se ha enfrentado a una falta de confianza en la regulación de los mercados; falta de confianza que se puso en evidencia con la crisis de las hipotecas 'subprime' de Estados Unidos, que rápidamente se contagió al resto de países de la OCDE. En estos momentos, los síntomas de desaceleración económica son nítidos en todos los países desarrollados y están afectando a todo el globo a través del comercio internacional y el ajuste de divisas. De esta manera, es previsible que, sin motores de crecimiento activos -Japón, Estados Unidos, la Unión Europea-, las economías emergentes parezcan ser las únicas con capacidad para activar la economía mundial, que pese a todo sigue creciendo y teniendo salud.

Ante la actual desaceleración, que repercute ya sobre la economía española, los partidos han elaborado unos programas de oferta de reformas que pretenden incentivar la demanda interna y mejorar el crecimiento de la demanda externa. Estos programas se desglosan nada menos que en 327 páginas en el caso del PP, y de 310 páginas en el del PSOE. La lectura de esta abundante información termina mostrando la coincidencia y el solapamiento entre ambos documentos que afectan a prácticamente toda la política económica: los dos tratan de capital social, formación, desregulación del mercado laboral, financiación de la sanidad, acceso a la vivienda, ayudas a la dependencia y a la formación. También comparten la rebaja impositiva, los unos de forma generalizada y para todos los ciudadanos, y los otros, en forma progresiva en función de la renta. La rebaja llega desde el Impuesto del patrimonio, el IRPF e incluso el IVA, a solicitud de CiU. Asimismo, hay coincidencia en las subvenciones para la compra y alquiler de vivienda, aunque no en el tratamiento del mercado laboral, en lo que se refiere a convenios colectivos y nivel de contratación, individual o selectiva.

Las diferencias se extienden al terreno de la inmigración; al fomento del trabajo autónomo; a la igualdad de derechos en la discapacidad; al contrato social en torno al agua; y a la ampliación de los organismos de la competencia. Coinciden en proponer organismos reguladores más independientes, y el desarrollo del control de las sociedades socialmente responsables. La única propuesta importante, realmente diferenciada del PSOE, tiene que ver con el compromiso de una política fiscal que consiga el superávit 'a lo largo del ciclo'. En cuanto al PP, resulta muy curioso que su oferta electoral esté dedicada a comprometerse con el desarrollo de políticas de igualdad para la mujer, las familias, los mayores, los jóvenes y los discapacitados, protagonistas tradicionales de las políticas socialdemócratas. Como propuesta más diferenciada de las del PSOE se encuentran las que tienen que ver con la sanidad más personalizada y los cambios en materia energética. El resto de las iniciativas están tratadas por igual y versan hasta de los mismos asuntos, incluyendo la lucha contra las drogas, la unidad de mercado, el deporte, la cultura, la financiación autonómica y local, la modernización del turismo, la seguridad en el sistema de transporte, la sociedad de la información, el acuerdo para la aplicación de un único horario comercial, un sistema unificado de creación de nuevas empresas, un Plan de simplificación de procedimientos en la Administración Pública, una Carta de transparencia para cada ciudadano, y una Ley de cooperación entre administraciones públicas.

Sin embargo, y pese a la cantidad de medidas que se prometen, los programas del PSOE y de PP no incorporan el gasto público con el que se financiarían dichas propuestas. No queda cuantificado ninguno de estos planes, por lo que sería conveniente exigir, por parte de la Junta Electoral y tal como se requiere por ley al Gobierno cuando aprueba una normativa, un Libro Blanco en el que se describa el coste-beneficio y las implicaciones económicas, sociales y ambientales de las iniciativas que se pretenden aprobar. Como ambos programas carecen de una estimación de beneficios-costes y de un calendario de aplicación de cada una de las centenares de medidas presentadas, el elector no puede calificar la verdad o la fantasía de la oferta en su conjunto. Inclusive, no aparecen referenciados los costes globales estimados para las medidas que proponen uno y otro partido. Se sabe que el programa del PSOE costaría unos 22.000 millones de euros, pero se desconoce cuál sería el del PP. En estas circunstancias, seguro que el voto en blanco aumentará en aquellos ciudadanos disconformes.