El Constitucional se queja al Gobierno por las críticas a la sentencia de 'los Albertos'

El Tribunal Constitucional, por primera vez desde su creación en 1979, remitió ayer una carta al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, para denunciar y mostrar su «rechazo» a las duras críticas realizadas el lunes pasado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, contra una de sus resoluciones, palabras que sus magistrados consideran «intolerables».

Los doce miembros de la corte constitucional, en un escrito de unas pocas líneas, transmiten su «malestar» unánime ante las palabras del máximo responsable del Ministerio Público, porque creen que las afirmaciones de Conde-Pumpido son excesivas, «gratuitas» y superan el ámbito de la crítica jurídica, según las fuentes consultadas.

Misiva

La carta es fruto del tremendo enfado con el fiscal general que desde el lunes crece en los despachos del Constitucional, aunque las mismas fuentes señalaron que el texto no va más allá de constatar este hecho. Ni pide que se depuren responsabilidades ni hace alusión alguna a la idoneidad o no de la persona del fiscal general para desempeñar este cargo.La misiva, no obstante, abre una crisis sin precedentes en la justicia española, al implicar al Ejecutivo en un enfrentamiento publico entre el máximo garante de la Constitución, la institución pública encargada de defender la legalidad (la Fiscalía General del Estado) y la cúpula del sistema judicial español, el Tribunal Supremo, cuyos miembros, también descontentos con la sentencia del Constitucional, denunciaron el martes pasado que la corte había invadido sus competencias exclusivas.

El fiscal general, en rueda de prensa, discrepó el lunes «total, radical y absolutamente» de la sentencia del Constitucional que absolvió a los financieros Alberto Alcocer y Alberto Cortina de estafa y falsedad documental por considerar que ambos delitos habían prescrito.

Dar la vuelta

Conde-Pumpido se mostró «plenamente convencido» de que los empresarios habían cometido estos delitos, de que las infracciones penales no habían prescrito, y acusó a la corte de «dar la vuelta» al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, al actuar con mayor sensibilidad hacia los derechos de delincuentes que hacia los de las víctimas.

La polémica sentencia revocó la resolución en sentido contrario dictada en 2003 por el Supremo y libró a 'los Albertos' de cumplir los tres años y cuatro meses de cárcel y de pagar la multimillonaria indemnización que les impuso el alto tribunal por estafar a sus socios unos 40 millones de euros en 1987, durante la venta de los terrenos en los que más tarde construyeron las Torres KIO de Madrid.

El fiscal general no fue el único enfadado. El Supremo también respondió con contundencia a la resolución del Constitucional sobre los Albertos. Sin embargo, los magistrados de la corte no hacen referencia alguna a este hecho en la misiva enviada a Rodríguez Zapatero porque creen que la valoración hecha pública por el alto tribunal, aunque contundente, es «ponderada» y se desenvuelve de forma exclusiva en el campo de la crítica jurídica.