Colombia: liberación con chantaje
La liberación por las FARC de cuatro ex parlamentarios que acumulaban una media de seis años de cautiverio es una buena noticia por sí misma y por las esperanzas que abre al logro de una solución humanitaria al dramático trance que soportan más de 700 personas, rehenes del narcoterrorismo colombiano. Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Gechem formaban parte del grupo de secuestrados que las FARC califica de «canjeables», de los cuales quedan en sus manos 40 personas, a cambio de cuya liberación la organización encabezada por Manuel Marulanda trata de conseguir la libertad de 500 guerrilleros presos en las cárceles colombianas. El llamado Estado Mayor Central de las FARC aprovechó la ocasión para advertir que ésta sería la última entrega unilateral de rehenes, emplazando al Gobierno de Colombia a que las fuerzas armadas despejen una parte del Valle del Cauca para hacer posible el canje pretendido. De manera que lo que las FARC presentan como un gesto de buena voluntad, y que ha de ser recibido con indudable satisfacción, forma también parte del pulso a través del cual persigue su reconocimiento como «fuerza beligerante» y, al final, como interlocutor político, pretendiendo equipararse en legitimidad al propio gobierno.
Actualizado:Las condiciones de las FARC comprometen sin duda la continuidad de la operación humanitaria, para la que, como se pudo comprobar ayer, el Ejecutivo de Uribe no cree necesario proceder a concesión territorial alguna que los secuestradores puedan enarbolar como victoria política. El Gobierno colombiano tiene la obligación constitucional de eludir el enredo al que es conminado por el chantaje narcoterrorista, que consiste en presentar a las instituciones legítimas como las responsables de que los rehenes continúen cautivos para forzarlas a aceptar las reglas de un perverso juego cuyo final se presume cuando menos incierto. De ahí que la comunidad internacional deba secundar al Gobierno de Colombia a la hora de gestionar las oportunidades que ofrece el momento, con la cautela necesaria para que los valores de la democracia y los derechos humanos no claudiquen ante el contrapoder terrorista en el país.