Agredidas otras dos mujeres en la semana más negra de la violencia de género

La negra jornada del pasado martes, con cuatro mujeres asesinadas por sus parejas, quedó sellada con un cuádruple crespón negro que ayer miércoles provocó la multiplicación de reacciones de condena políticas e institucionales por las nuevas víctimas de la violencia machista en Madrid, Puerto de Santa María, Cullera (Valencia) y Valladolid. Asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, la muerte de estas cuatro mujeres elevó hasta 17, en lo que va de año, el número de crímenes asociados a la violencia de género.

En un día plagado de protestas por tales asesinatos, otras dos mujeres sufrieron violencia por parte de sus parejas, solo que afortunadamente sin que hubiera muertes.Una mujer de 32 años se encuentra en estado grave tras haber recibido tres puñaladas en el vientre, presuntamente por parte de su marido en la mañana de ayer en su domicilio del Puerto de Pollensa (Mallorca). Otra mujer fue agredida por su marido en Burgos. La policía logró llegar a tiempo y detener al presunto autor de los malos tratos, un hombre de 27 años.

A las muestras de dolor y repulsa por las últimas víctimas mortales se sumaron ayer ayuntamientos, delegaciones de Gobierno, asociaciones, partidos e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales y presidente, Francisco José Hernando, guardaron un minuto de silencio.

Es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces realiza un acto de este tipo, al que no asistió el vocal conservador José Luis Requero, porque «es como si fuera una concentración de policías contra la delincuencia o de médicos contra la enfermedad».

Los jueces, precisamente, han sido diana de las críticas de las principales asociaciones de mujeres, en cuya opinión «demasiados» juzgados están boicoteando la aplicación de la ley integral contra la violencia de género.

Pasividad

«Se acabó señorías de que se siga convirtiendo a las mujeres en víctimas de un maltrato institucional», dijo la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, acompañada por miembros de la Federación de Mujeres Progresistas y de la Fundación Mujeres, entre otras.

En sentido distinto, la presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, Consuelo Abril, ha condenado la «pasividad» del Gobierno y de los partidos frente a estas últimas muertes, y ha dicho que la voluntad política de principios de legislatura «ha cedido y se ha bajado la guardia».

Cuatro mil presos

Los asesinatos de mujeres irrumpieron en la campaña electoral. Todos los partidos reflexionaron sobre la triste jornada y sobre las soluciones que cada uno ofrece para atajar esta lacra, cuya estadística fatídica incluye la estancia en cárceles en la actualidad de más de 4.000 hombres, el 6% de la población reclusa.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunció que constituirá, con carácter urgente, una comisión intersectorial para abordar esta lacra y dar una «respuesta contundente» a este fenómeno desde el ámbito local, en colaboración con todos los agentes e instituciones implicadas, según anunció Ana Barceló, alcaldesa de Sax (Alicante).

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, condenó los cuatro «execrables crímenes» y esgrimió que el Gobierno ha adoptado todas las medidas a su alcance para combatir esta lacra, la primera de las cuales fue la ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En virtud de esta norma, subrayó, se han puesto en marcha «medios, recursos, juzgados, policías y todo un sistema de protección para garantizar la seguridad de las mujeres».Aún así, admitió que no existen «fórmulas mágicas» y que «todavía queda un largo camino por recorrer».

Reacción del PP

Por su parte, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó en Santa Cruz de Tenerife que será «implacable y contundente» contra la violencia de género si gana las próximas elecciones generales, para lo que activará medidas preventivas y pondrá en marcha más juzgados. Gaspar Llamazares propuso, de su lado, una revisión profunda de la ley y sugirió la adopción de medidas de carácter penal, educativo y social para desterrar este fenómeno.