Los males de la política del agua

EL tema del agua figura en los programas electorales que se proponen para las elecciones generales. Sin embargo no los voy a comentar en este artículo, pues mi larga experiencia me ha enseñado que lo que ocurra una vez pasen los comicios suele tener muy poco que ver con lo que ahora se promete. Llevo alrededor de 60 años dedicado profesionalmente al tema del agua, desde que siendo adolescente acompañaba a mi padre, entonces director de una confederación hidrográfica, en sus visitas a las obras de la cuenca en la que trabajaba. Desde entonces he tenido oportunidad de encontrarme con muchos responsables de la política del agua española y también de otros países. La política del agua es siempre un asunto complejo porque afecta a numerosos aspectos de la actividad humana. Así lo reconoció a finales de los años 90 un estudio elaborado por la UNESCO sobre la ética de los usos del agua. La conclusión más interesante de ese grupo de trabajo, que yo coordiné, fue que en la gestión del agua es preciso conseguir un equilibrio entre sus valores utilitarios -por ejemplo, el regadío-, y sus valores intangibles, como pueden ser los culturales o religiosos. Es evidente que en nuestro país no se ha conseguido tal equilibrio. Y que no ha contribuido a ello la labor de los sucesivos gobiernos.

Antes de que el PP accediera al poder en 1996, escribí que el principal problema de la política española en esta materia eran las denominadas obras de interés general, las cuales, en la práctica, acababan suponiendo un provecho para muy pocos. Una vez el citado partido llegó al Gobierno, la política hídrica que estaba realizando el PP empezó a tener poco que ver con el programa electoral que había preparado Loyola de Palacio. Mi crítica escrita sobre esa situación no fue bien recibida por el Ejecutivo. Posteriormente defendí algunos aspectos de la estrategia emprendida a partir de 2004 por el equipo de Rodríguez Zapatero, pero cuatro después, al revisar la situación, tengo que decir que su ejecutoria ha sido incoherente e hipócrita. De hecho, que el balance de la legislatura no haya sido de siniestro total se debe en gran medida a las exigencias de la legislación sobre aguas de la Comisión Europea, que va a imponer fuertes sanciones económicas en caso de incumplimiento.

A mi juicio, en España hay tres factores principales que corrompen nuestra política del agua: la falta de transparencia, las subvenciones perversas y el caos en la gestión de las aguas subterráneas. Nada más acceder al Gobierno, el PSOE canceló el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el PP en 2001, promoviendo en 2005 un nuevo proyecto. La diferencia fundamental entre ambos fue la cancelación del trasvase del Ebro y su sustitución por la construcción de una veintena de grandes plantas de desalación de agua marina. Las razones argumentadas para esa modificación fueron, por un lado, ecológicas -básicamente, la protección del delta del Ebro- y, por otro, económicas. Sin embargo, el Gobierno socialista ha financiado y casi terminado de construir las obras de unos regadíos en Lérida, cuyo impacto sobre el delta pocos expertos dudan que será mayor que el del cancelado transvase del Ebro

El plan de las desaladoras avanza con un considerable retraso, al tiempo que existe una notable falta de transparencia sobre los costes reales que supone la obtención de agua desalada. El obstáculo más importante es que los agricultores se niegan a pagar el precio que les ofrece el Gobierno, aunque el mismo esté altamente subvencionado, lo que vulnera la legislación europea. Por otra parte, resulta esperpéntico que el Gobierno haya propuesto a la Generalitat de Cataluña, ante la situación de sequía que está sufriendo esa comunidad autónoma, que importe en barco agua procedente de la desaladora almeriense de Carboneras. Una desaladora que, después de haber sido inaugurada hace cuatro años, sólo funciona al 20 ó 30% de su capacidad.

Pero quizás el tema en el que la actuación de este Gobierno ha resultado más desastrosa sea en la referida a la gestión de las aguas subterráneas, declaradas de dominio público en la Ley de Aguas de 1985, hace ya más de 20 años. Este fracaso ha traspasado nuestras fronteras. Por ejemplo, en septiembre de 2007 una comisión oficial de India sugirió a sus gobernantes que no opten por la declaración de dominio público para sus aguas subterráneas, vista la fracasada política española en este tema. Con objeto de resolver el fiasco de la gestión de las aguas subterráneas en el Alto Guadiana, el Gobierno acaba de aprobar un Plan Especial que se llevará a cabo durante las próximas dos décadas. Dotado con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros, el proyecto afecta en una superficie que representa menos del 4% del total de España, con una población que apenas supone el 2% de la general. Es decir, se ha destinado una cantidad mayor que el presupuesto del cancelado transvase del Ebro, que iba a aportar agua a toda la costa mediterránea desde Barcelona hasta Almería. Es un ejemplo más de subvenciones perversas, a no ser que se trate simplemente de un engaño electoral.

Por último, el Gobierno ha protagonizado otro evidente fiasco al propiciar la concesión a Cataluña de unos derechos sobre el Ebro que posiblemente no sean constitucionales. Esa aprobación ha actuado como catalizador de las apetencias hídricas de las comunidades autónomas afectadas por la problemática del agua, con independencia del partido que las gobierne. Casi todas ellas -Valencia, Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha- reivindican en sus respectivos Estatutos la propiedad de «sus aguas» o impugnan los Estatutos de otras autonomías, aunque estén también lideradas por el mismo partido político. Una prueba más de la falta de coherencia que ha marcado la política del agua en esta legislatura. Como dato pintoresco, cabe mencionar que dos de esas comunidades van a utilizar el agua que niegan a otras regiones españolas para construir sendas réplicas de Las Vegas en los Monegros y en La Mancha.