Crónica de uno de los casos más controvertidos

El 26 de octubre de 2006 acudían a declarar al Juzgado Número 2 de Jerez la alcaldesa, Pilar Sánchez, y el delegado de Economía y Recursos por aquel entonces, Juan Manuel García Bermúdez, por un presunto delito de prevaricación. Francisco Javier García Páez los acusaba de un posible enchufismo en el Ayuntamiento a tres familiares de militantes socialistas.

Ambos imputados se negaron a contestar a las preguntas formuladas por la acusación particular, acogiéndose a su derecho constitucional y argumentando que se trataba de «una cuestión de principios», a la vez que aludían en todo momento a la legalidad de sus actuaciones. Unos días antes el demandante ampliaba la denuncia solicitando al juez que investigara la contratación de otros cinco altos cargos en la estructura municipal, algo puesto sobre la mesa por el Partido Popular. En febrero de 2007, y a pesar de que la defensa pidió el archivo de la causa, el juez titular, Juan José Parra, ordenó la práctica de nuevas diligencias con el objetivo de aclarar los detalles de la contratación.

El 21 de agosto del mismo año, el equipo de Sánchez dio por concluida la relación contractual con estas tres personas, lo que sirvió de argumento a los letrados de los imputados para solicitar nuevamente el sobreseimiento del caso. Durante todo ese tiempo han sido muchas las especulaciones llevadas a cabo al respecto, algo que finalmente concluyó el día de ayer con la sentencia con la que se cierra otra de las etapas de mayor conflicto político de la legislatura, y una de las que más titulares ha propiciado.