La seguridad ciudadana como arma electoral
Paradójicamente, los políticos utilizan en campaña la seguridad ciudadana como arma arrojadiza. Saben que la delincuencia preocupa a los españoles al tiempo que demandan cada vez más seguridad privada (alarmas, vigilancia...).
Actualizado: GuardarPor eso, cuando se acercan las elecciones, opositores y gobernantes fijan su mirada en los delitos. Tendría que saber fácil saber si la criminalidad ha crecido o no, pero nada más lejos de la realidad. La pregunta que surge enseguida es: ¿se pueden maquillar las estadísticas? A la vista de la eterna polémica parece que sí. El máximo responsable de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los ministros más valorados, salió a la palestra la semana pasada para destacar que los delitos que generan mayor alarma social, como los homicidios o los robos con fuerza se han ido reduciendo «poco a poco» durante esta legislatura.
En la etapa anterior, con el Gobierno de José María Aznar, se registró un espectacular incremento de los asesinatos en la ciudad de Madrid. Rubalcaba aprovechó también la ocasión para calificar al líder de la oposición y candidato a presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, como «el peor ministro de la historia de la democracia». Aseguró que el año 2003 supuso el punto más alto de delincuencia en España y el de menor gasto en seguridad ciudadana, y acusó a Rajoy de haber «barrer las calles de policías y guardias civiles y los delincuentes camparon a sus anchas». Según Rubalcaba, en la era Rajoy se registraron 100.000 delitos graves más que en la actualidad, mientras que para el Partido Popular la cifra de 2.300.000 delitos y faltas conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2006 supone el récord absoluto de criminalidad en nuestro país y uno de los grandes fracasos del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Las realidades que pintan unos y otros son tan diferentes que no pueden corresponder a la misma sociedad. Las soluciones propuestas, más bien difusas. El PSOE apuesta por incrementar el número de uniformes, mientras que los populares se centran en controlar la inmigración irregular y su relación con la delincuencia.
Los asaltos de silenciosos, robos en viviendas mientras los moradores están en el interior, los secuestros exprés, la proliferación de bandas dedicadas al robo con extrema violencia, y el narcotráfico, principal negocio del crimen organizado, y la trata de seres humanos, en especial de inmigrantes, han llenado páginas de la crónica negra en España en estos últimos cuatro años.