Agua y elecciones

Por ello ha sido relevante la incursión profesional en este asunto de los ingenieros de Caminos, que han salido a los medios de comunicación a expresar su preocupación por varias cuestiones. En primer lugar, por la ruptura de la unidad de cuenca, auspiciada por varias reformas estatutarias, con lo que se rompería un modelo pionero de gestión basado en las Confederaciones Hidrográficas implantado en 1926 e imitado a continuación por la mayoría de los Estados a medida que consumaban sus propios procesos de modernización.

En segundo lugar, por la descabellada propuesta de ciertos sectores ecologistas que propugnan la «liberación de los ríos», es decir, la desaparición de todas las presas, con lo que perderíamos la actual capacidad de regulación que nos defiende de las sequías y de las avenidas, reduciríamos nuestra disponibilidad hídrica a una pequeña fracción de la actual, perderíamos la capacidad de generación de energía hidroeléctrica y nos resignaríamos a un atraso inevitable. Finalmente, y en tercer lugar, los técnicos manifiestan su alarma ante la politización de la política hidráulica y reclaman propuestas y soluciones racionales: es, sencillamente, antieconómico y por lo tanto absurdo utilizar el agua procedente de la desalación para uso agrícola, como resulta igualmente descabellado plantear siquiera el abastecimiento de Barcelona mediante agua transportada por barco desde la desaladora almeriense de Carboneras, operación que costaría unos 12 euros por metro cúbico en fletes. Las aguas excedentarias del Ebro, que ya abastecen Tarragona y zonas limítrofes gracias a un minitrasvase, podrían ser utilizadas a este fin mediante una pequeña infraestructura si el concepto de trasvase no hubiera sido absurdamente criminalizado con objetivos poco claros.

En definitiva, los ingenieros reclaman un «Pacto del Agua» basado en la racionalidad y en la solidaridad, que dé continuidad al proceso modernizador que comenzó, como se ha dicho, en los años veinte del pasado siglo, que fue impulsado por Indalecio Prieto y proseguido por el propio franquismo, quien siguió paso a paso las propuestas de Lorenzo aunque su nombre quedó enterrado por la dictadura hasta que, en tiempos de Borrell, su visionario plan fue editado en facsímil. Sólo un Pacto de esta naturaleza permitiría una gestión cabal del agua y una planificación a 25 años, que asegurara el mejor destino de este recurso escaso.

El dislate actual no resulta, por utilizar un adjetivo de moda, sostenible. La disponibilidad de agua en España es de unos 45.000 hectómetros cúbicos anuales, lo que representa unos 1.000 metros cúbicos por habitante y año, suficientes para colmar todas las necesidades, agrarias, industriales y de consumo humano. Pues bien: Aragón se ha reservado en exclusiva en su nuevo Estatuto 6.000 Hectómetros cúbicos al año, unos 5.000 metros cúbicos por habitante, lo que constituye una inútil y agraviante desmesura. Pero hay otras intervenciones políticas también irracionales como la fijación de una fecha de caducidad en el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha para el trasvase del Tajo al Segura...

En definitiva, lo que los técnicos proponen es el regreso al sentido común, la supeditación de la política a la racionalidad y a la realidad de las situaciones, el consenso político en cuestiones de interés general que no pueden quedar fiadas al albur de la alternancia porque han de ser planificadas a largo plazo. Y la aceptación de criterios de estado en todos los discursos ideológicos. No parece discutible la indicación de que las cuencas excedentarias presten recursos a las cuencas deficitarias.