Editorial

Crédito retraído

La nacionalización temporal del banco escocés Northern Rock, contaminado por los efectos de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, ha generado un intenso debate en los medios económicos y políticos británicos, divididos entre los partidarios del rescate institucional y los detractores de una medida que puede perjudicar al accionariado y que resulta discriminatoria para la competencia. Aunque la intervención del Banco de Inglaterra se hizo ineludible a fin de evitar que las turbulencias financieras se extendieran al conjunto del sistema, los 100.000 pequeños accionistas y el resto de entidades del sector han encontrado en la excepcional actuación del Gobierno de Gordon Brown un motivo razonable de descontento. Pero si algo demuestran las dificultades de Northern Rock es, por una parte, la profundidad de las consecuencias que han suscitado las operaciones financieras desprotegidas de las necesarias garantías. Y, por otra, la contradicción que supone que el Estado intervenga para frenar el riesgo de contagio provocado por quienes han operado valiéndose de las potencialidades del libre mercado.

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El secretario de Estado de Economía, David Vegara, rechazó ayer que el estallido de las hipotecas subprime en EE UU haya causado infiltraciones en la banca española. Pero aunque las provisiones de liquidez el sistema financiero, el impacto de la crisis inmobiliaria al otro lado del Atlántico y su repercusión en la ralentización de las previsiones de crecimiento mundiales han comenzado a influir en los baremos de nuestra economía, que a pesar de seguir incrementando el PIB por encima del 3% ofrece síntomas de agotamiento en sus principales motores. Porque si bien no existen circunstancias objetivas para que el mercado crediticio pierda impulso de manera notable, la incertidumbre está conduciendo a las entidades financieras a endurecer las condiciones para la concesión de créditos, complicando las operaciones de constructores y compradores. Ése es el efecto indirecto de la crisis de las hipotecas baratas desatada en EE UU y amplificada por la globalización. Un efecto que obliga a los responsables económicos a dosificar con acierto las iniciativas que puedan promover para reanimar tanto el sector de la construcción como el del consumo interno, que han venido actuando en nuestro país como garantía para la creación de empleo y el impulso al crecimiento.