La UE avisa de que Kosovo es una excepción y deja su reconocimiento en manos de cada país

La Unión Europea acogió ayer la proclamación de independencia de Kosovo sin emoción ni entusiasmo alguno, dando muestras de una división atemperada en su seno sobre el camino a seguir ante la nueva realidad política.

Después de una mañana de deliberaciones, los ministros de Exteriores de los Veintisiete acordaron una declaración sobre la segregación kosovar que, como tal, carece de valor jurídico. En ella, se toma nota de la proclamación de independencia efectuada por el Parlamento de la ex provincia serbia, y se reafirman los compromisos europeos con la estabilidad en la zona, especialmente a través de la misión policial y judicial puesta en marcha el sábado de madrugada por la UE, en el marco de la política de defensa, que ha recibido la denominación Eulex.

La declaración de la Unión, que reconoce el futuro europeo de los Balcanes occidentales, encomienda a la Comisión Europea que busque la manera de «promover el desarrollo político y económico» de la región en su conjunto, mediante «instrumentos comunitarios», aunque sin mencionar específicamente a Kosovo, al que las necesidades, sin embargo, le brotan por los poros.

Los habitantes del nuevo Estado apenas disfrutan de un salario medio diez veces menor que la media comunitaria y de una economía que apenas alcanza a la de un distrito de nivel medio-bajo de París. Posee una población inferior a los dos millones de personas, un tercio de los hogares carecen de agua corriente y el paro alcanza a una de cada dos personas en edad de trabajar, en un entorno de corrupción generalizada y dominio de las mafias.

España acudió a la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores con aprensiones específicas. De entrada, y para marcar -por primera vez en todos estos años-, posición clara al respecto, el titular español de la cartera, Miguel Ángel Moratinos, manifestó al llegar al edificio del Consejo la disconformidad del Ejecutivo Zapatero con la declaración de independencia de la región balcánica. «El Gobierno español no va a reconocer el acto unilateral proclamado ayer por la Asamblea kosovar y no lo va a hacer porque no consideramos que respete la legalidad internacional», dijo el ministro, para recalcar después que «el Gobierno siempre ha defendido la legalidad internacional. Fue así cuando decidió retirar sus tropas de Irak y lo defiende ahora cuando se trata de una secesión de Estado».

España buscaba ayer en el Consejo de Ministros una ratificación del derecho internacional (del vulnerado en el caso kosovar), y un reconocimiento de sus socios comunitarios de que lo sucedido con la provincia secesionista serbia es excepcional. Lo logró porque la declaración aprobada afirma que Kosovo «constituye un caso que no establece precedente alguno» y porque «la UE reitera sus compromisos con los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Acta final de Helsinki (entre otros el principio de integridad territorial), y todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU».

Moratinos se daba por satisfecho con estas referencias de la declaración europea. Aparentemente no tomaba en consideración que Serbia, en tanto que depositaria de las responsabilidades internacionales de la antigua Yugoslavia, es la titular de derecho internacional que tiene suscrita la Carta de la ONU y el Acta final de Helsinki, en las que la inviolabilidad de las fronteras está reconocida y se supone que salvaguardada.

La declaración de ayer estipula -como no podía ser de otra manera pues se trata esta de una potestad derivada de una soberanía que Europa no tiene conferida- que serán los propios estados miembros los que determinen, cada uno por su lado, el camino a seguir con el nuevo país. EE UU, Francia, Alemania, Reino Unido Italia, Bélgica, Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania y Polonia decidieron hacerlo ayer mismo.

Desde Washington, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, señaló en un comunicado que «Estados Unidos reconoce formalmente a Kosovo como un Estado soberano e independiente y da la enhorabuena al pueblo kosovar en esta ocasión histórica». Y añadía que el presidente George W. Bush «ha respondido afirmativamente a la solicitud de Kosovo de entablar relaciones diplomáticas entre los dos países». Nada más hacerse público este reconocimiento, Belgrado anunció su decisión de retirar a su embajador en el país norteamericano y tiene intención de hacer lo mismo con todos los que sigan el camino de la Casa Blanca.

Bulgaria, que formaba parte del grupo de opuestos a la independencia de Kosovo, manifestó que cambiará de opinión, aunque en un plazo de tiempo indeterminado, mientras que el titular de la cartera de Exteriores de Chipre, Erato Kozakou-Marcoullis, aseguraba rotundo que Nicosia no admitirá nunca esa independencia. España, por lo dicho ayer por su ministro de Exteriores, está por el «no», pero no se sabe por cuanto tiempo.

La unidad europea ante la crisis de Kosovo ha rendido, sin embargo, sus frutos: aunque no todos reconozcan al nuevo país, la mayoría de ellos está allí, con la Kfor y con Eulex, garantizando la seguridad y para ayudar a levantar un Estado donde antes no lo había.