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Editorial

Declaración unilateral

La declaración del Parlamento de Kosovo proclamando un «Estado democrático, libre e independiente» culmina el proceso de segregación unilateral del hasta ahora territorio serbio y abre una etapa de incertidumbre sobre la viabilidad del futuro estado y la estabilidad de los Balcanes. La declaración de independencia, que se ha vuelto inevitable, ha suscitado posiciones encontradas en la comunidad internacional porque soslaya el derecho internacional entrando en colisión con la resolución 1.244 del consejo de Seguridad de la ONU que garantizaba la integridad de las fronteras de Serbia.

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Pero también coloca a la Unión Europea en una comprometida situación en la que se juega su credibilidad como potencia pacificadora obligada a hacer habitable el territorio desde el plano de la seguridad y el derecho. Las sangrientas consecuencias que provocó la división de la antigua Yugoslavia deberían haber actuado como razón suficiente para que las potencias implicadas -ONU, Estados Unidos, Rusia y, singularmente, la Unión Europea- propiciaran una salida negociada que tuviese en cuenta los variados intereses que confluyen en el territorio kosovar.

La comunidad internacional afronta la compleja declaración de independencia con un despliegue de más de dieciséis mil soldados bajo el mando de la OTAN para intermediar entre la mayoría albanesa y la minoría serbia de Kosovo; en tanto que la misión Eulex de la UE desplegará dos mil jueces, policías y agentes de aduanas en un intento de garantizar que el nuevo estado no resulte fallido. Sin embargo, la escisión dentro del propio territorio de Kosovo a la que tiende la frustrada comunidad serbia, o sus efectos sobre la estabilidad serbo-bosnia, unidas al aislamiento hacia el nuevo estado con que amenazan las autoridades de Belgrado, podrían desbordar a las instituciones mediadoras.

La incomodidad del Gobierno español ante la disparidad de criterios entre sus socios europeos no debe impedirle mantener su propia posición en los debates de la Unión; no tanto para desactivar las inaceptables comparaciones entre el ejemplo kosovar y el afán soberanista presente en los nacionalismos vasco y catalán, como para defender que se preserve la legalidad internacional. Desde esa perspectiva, la presencia de seiscientos militares españoles en la ex provincia serbia no debería suponer una contradicción insuperable para la diplomacia española, sino que más bien confiere una fuerza legitimadora de la que no puede prescindir.

La declaración de independencia para Kosovo obliga al Consejo de Seguridad a encauzar en lo posible la situación resultante hacia el derecho internacional. Como obliga a la Unión Europea a ofrecer la postura unitaria y activa que no ha sido capaz de brindar hasta la fecha.