Editorial

Sequía histórica

La escasez de lluvias está propiciando que España vaya a sufrir el semestre hidrológico más seco de los últimos sesenta años. Una pluviometría tan escasa no se había producido desde que existe constancia de mediciones sistematizadas y que alcanza a duras penas el cincuenta por ciento de la media anual (316 milimetros) está agotando las reservas y dejando la situación a expensas de las lluvias que no acaban de llegar. Pero, entre tanto, media España ha debido cortar el regadío para asegurarse el consumo y determinadas zonas como Cataluña bordean la situación crítica hasta el punto de que se barajan soluciones tan excepcionales como trasladar agua de la desaladora de Carboneras en Almería, vía marítima, para aliviar la sed de un territorio 848 kilómetros al norte.

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El fantasma del año 1995 cuando doce millones de españoles sufrieron cortes en el consumo doméstico planea sobre las zonas mas afectadas como la cuenca del Duero donde cuatro de los trece sistemas de explotación están ya en estado de emergencia mientras el Gobierno acaba de aprobar medidas urgentes contra la sequía en la cuenca del Ebro.

El problema endémico y secular se agrava en un país cuya demanda del líquido elemento se ha disparado de la mano del crecimiento económico y la expansión del sector de la construcción y el ocio, dando lugar, colateralmente, a una pugna política que ha sobrepasado el tradicional enfrentamiento entre los dos grandes partidos para poder abrir nuevos frentes entre las comunidades autónomas e incluso dentro de las propias organizaciones partidistas.

Las medidas de prevención adoptadas en los últimos años, fruto de la experiencia de otros ciclos de sequía, han amortiguado, de momento, el impacto de la falta de precipitaciones aunque es preciso seguir insistiendo en las campañas de ahorro de agua dando especial valor a su reutilización y a la coordinación entre Comunidades Autónomas. El siguiente paso debería ser la renuncia definitiva a politizar una materia de interés general y prioritario para todos los ciudadanos de forma que sea viable llegar a un diagnóstico de consenso que aúne todos los esfuerzos y tecnologías, sin renunciar a ningún medio, para solucionar una cuestión inaplazable para el futuro de España.