El PSOE recuerda que este caso es «heredado» de gobiernos anteriores

Los últimos acontecimientos surgidos del caso de los huertos de ocio no han pasado desapercibidos para la clase política local, que ayer valoró de distinta forma los derroteros que está tomando este asunto. Por parte del PSOE, el delegado municipal de Infraestructura, Antonio Fernández Ortega, quien también aparece como imputado y que declaró brevemente ante el juez el pasado viernes, quiso dejar claro en primer lugar que «todo esto fueron decisiones del anterior gobierno local». El edil subrayó que se trata de un tema «heredado» de la coalición PP-PSA, y añadió: «Yo no formaba parte del Consejo de la GMU, así que no conozco a fondo la cuestión».

Fernández Ortega se mostró partidario desde las filas socialistas de «esperar a lo que dictamine el juez» antes de tomar ninguna decisión respecto a los antiguos arrendatarios de los huertos de ocio y los terrenos donde se encontraban los mismos y en los que en la actualidad se levantan decenas de viviendas. «Actuaremos dependiendo de lo que decida el juez, aunque en el contexto del nuevo PGOU todo esto está contemplado».

Informes técnicos

El presidente local del Partido Popular, Bernardo Villar, formaba parte del gobierno local cuando tuvieron lugar los hechos. Villar, quien también aparece en la lista de imputados aunque aún no ha comparecido ante el juez, quiso recordar ayer que no estuvo presente en la mayoría de las reuniones del Consejo de Gestión de la GMU que abordaron la problemática de los huertos de ocio. Sin embargo, si asistió a la primera de ellas, celebrada el 7 de agosto de 2003, donde votó a favor del expediente de desalojo. «Sólo recuerdo que apoyamos la cuestión porque venía respaldada por informes técnicos favorables. Si los letrados, el gerente y los secretarios daban el visto bueno no teníamos por qué rechazar nada», manifestó ayer el concejal popular.

«No estaba claro»

Con el concejal de IU Joaquín del Valle se da un caso paradójico. Pese a su abstención cuando se trató el caso en la GMU y haber apoyado en todo momento las tesis de los parcelistas, también está imputado en este proceso. El único motivo es que formaba parte del Consejo de Gestión de la GMU, que fue denunciado al completo. «Yo no tenía claro lo que se pretendía, y no había un expediente consistente», recordó ayer el concejal de la coalición izquierdista. Del Valle señaló que ha venido realizando un seguimiento de todo el proceso y que acudirá ante el juez «a contar todo lo que sé, y como se produjo el desalojo, porque yo estaba allí ese día».

Por su parte, la formación a la que pertenece Pedro Pacheco, el PSA no quiso pronunciarse ayer sobre esta espinosa cuestión, pese a que como el resto de los partidos fue requerido para ello por este medio.