El caso de los huertos de ocio destapa presuntas irregularidades urbanísticas en la GMU

La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, el delegado municipal de Infraestructura, Antonio Fernández Ortega, y el delegado de Fomento Económico, Francisco Lebrero, comparecieron ayer ante el juez en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Jerez en relación con el conocido como caso de los huertos de ocio. Los tres lo hicieron en calidad de imputados por un presunto delito de prevaricación, aunque los hechos tuvieron lugar cuando el PSOE ocupaba los bancos de la oposición y el Gobierno local estaba en poder de la coalición formada por PP y PSA. Lo más probable, por tanto, es que ninguno de ellos sea procesado por este asunto, que sí podría salpicar de lleno a populares y andalucistas.

Según ha podido saber este medio de fuentes del caso, la instrucción relativa al desalojo de los huertos de ocio de San José Obrero está dejando al descubierto presuntas irregularidades en algunos de los acuerdos que alcanzaron la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y promotoras de viviendas en la etapa durante la que Pedro Pacheco era alcalde o delegado de Urbanismo. La Justicia investiga las condiciones en las que las promotoras accedieron a suelo público, puesto que en este caso de los huertos se hizo mediante una permuta y no a través de una subasta pública, como manda la Ley. Las fuentes consultadas por LA VOZ señalaron ayer que la instrucción podría sacar a la luz irregularidades urbanísticas, aunque, de momento, se mantienen en secreto las actuaciones que se están llevando a cabo y que podrían derivar en la apertura de otra causa distinta a la actual.

El caso de los huertos

Por lo que respecta a los huertos familiares, los hechos se remontan a 2004, cuando el Ayuntamiento decidió desalojar a la fuerza a los arrendatarios de estas parcelas ubicadas en San José Obrero y permutar los terrenos con la empresa Xera Promociones, quien levantó en el lugar varias decenas de viviendas unifamiliares. Los afectados por la decisión adoptada por el Consistorio a través de la GMU denunciaron una posible prevaricación y acusaron a los responsables urbanísticos -por aquel entonces Pacheco era delegado de Urbanismo y María José García-Pelayo, alcaldesa- de haber tomado a sabiendas una resolución injusta y que escondía oscuros intereses urbanísticos. De hecho, aquellos huertos, donde ahora hay viviendas, sólo podían ser eliminados para un fin de «utilidad pública».

En el juzgado

La alcaldesa de Jerez manifestó ayer ante el juez que no pertenecía al Consejo de Gestión de la GMU en las fechas -7 de agosto y 18 de noviembre de 2003- en las que se adoptaron las resoluciones de desalojo de los huertos de ocio y permuta de los terrenos con Xera Promociones. Antonio Fernández Ortega declaró en los mismos términos y Francisco Lebrero, que sí pertenecía al órgano de control de la GMU, aseguró que se abstuvo en estos puntos porque no tenía conocimiento de los expedientes.

El abogado de los denunciantes, Francisco Pérez Vera, se mostró ayer muy satisfecho por la forma en la que se está desarrollando la instrucción del caso. «Se está avanzando muy bien y creemos que habrá procesados», indicó. A su juicio, algunos de los actuales imputados no tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados, aunque en otros casos «hay pruebas clarísimas».

Según Pérez Vera, la GMU «se saltó todos los trámites al hacer la permuta de estos terrenos sin pasar por una subasta pública y provocando un acuerdo lesivo para los intereses públicos». Sobre otras irregularidades urbanísticas que pudiera dejar al descubierto este caso, el letrado aseguró que el modelo de permuta con las promotoras de viviendas «era una costumbre en la época en la que el señor Pacheco dirigía Urbanismo».

Así las cosas, en las próximas semanas y meses deben ir dilucidándose las muchas dudas que ha generado este caso de los huertos de ocio en relación a las prácticas urbanísticas que se han llevado a efecto en la ciudad en los últimos años. En el mes de marzo se producirán nuevas declaraciones ante el juez, aunque el caso va para largo.