Urbanismo investigará a las promotoras vinculadas a los casos de obra nueva

El Área de Urbanismo ha dado un paso más para acabar contra la corrupción urbanística en el municipio. De esta manera, la teniente de alcalde del Área de Urbanismo, Patricia Ybarra, ha explicado que «vamos a investigar a las promotoras que han perpetrado fraude de Obra Nueva para conocer las propiedades que poseen y comprobar que se ajustan a la legalidad».

Los nuevos casos detectados por la Concejalía de Urbanismo la pasada semana han provocado la decisión municipal. Este periódidco destapó un nuevo caso de presunta falsedad documental de tres viviendas unifamiliares. Ybarra ha matizado que «no vamos a tolerar que estas promotoras sigan operando impunemente».

Sin embargo, el Gobierno no ha querido informar «del número de empresas que pretende investigar ni el nombre de las mismas».

Por todo ello, la asesoría jurídica del Ayuntamiento pretende reclamar certificaciones literales al Registro de la Propiedad de aquellas empresas que se han servido de esta práctica fraudulenta, para conocer los terrenos que poseen.

A continuación, el Área de Disciplina Urbanística se encargará de contrastar que los terrenos y las escrituras de propiedad concuerden. A través de la ortofoto, un mapa aéreo de la localidad que se toma anualmente, los técnicos pueden conocer la antigüedad que posee la casa y en que año fue construida.

Este fraude está basado en legalizar viviendas a través de certificados falsos. Un perito certifica que una vivienda posee una antigüedad de más de cuatro años, plazo en el que prescribe la sanción urbanística. A continuación, inscriben la propiedad en el registro de la propiedad. Sin embargo, la construcción ha sido erigida recientemente o ni siquiera se ha edificado.

No es la única medida que se pretende llevar a cabo contra las viviendas ilegales. Ybarra también ha manifestado que «vamos a tener que recurrir a las sanciones ejemplares para paralizar este tipo de construcciones».

Según explica la edil de Urbanismo, «parar una obra ilegal por los cauces legales supone una media de tres semanas. Cuando se paraliza, la construcción ya se encuentra en un estado bastante avanzado».

Por todo ello, el Gobierno local pretende poner en práctica las competencias que le brinda la Ley de Ordenación Urbanísticas de Andalucía (LOUA) para poner freno a estas construcciones.

Esta normativa urbanística permite a los Ayuntamientos requisar la maquinaria y el material de obra que se esté empleando o abrir zanjas para evitar que los trabajos continúen. Patricia Ybarra considera que «sólo a través de estas sanciones, los vecinos aprenderán a actuar dentro del marco de la ley».