La Empresa de Suelo ofrecerá locales y viviendas a los expropiados por el tranvía

Los vecinos y comerciantes afectados por la expropiación que la Junta va a acometer en el tramo comprendido entre las calles Montañeses de La Isla y San Marcos, a la entrada en la ciudad desde Chiclana, para la ejecución de las obras del tranvía, van a contar con el «total apoyo» del Ayuntamiento. Así, lo indicó el alcalde, Manuel María de Bernardo (PA), tras la reunión mantenida el miércoles con los afectados, a los que les aseguró que la Empresa Pública de Suelo (Esisa) va a poner a su disposición locales y viviendas para su reubicación y que lo hará antes de que tengan que abandonar de manera forzosa sus inmuebles.

El trabajo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se encuentra coordinado. «El espíritu de colaboración que nos mueve es conocido por el consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido», afirmó De Bernardo, y así se lo hizo ver a los afectados, a los que recordó que es la Junta la encargada de tramitar los expedientes de expropiación, a partir de los que el Ayuntamiento colaborará con la Administración autonómica en la cesión de fincas.

Las posibilidades del Ayuntamiento de cara a colaborar con la Junta en la expropiación serán tratadas con mayor profundidad en el próximo Consejo de Administración de Esisa, una vez que la Junta indique cuánto tardará en tramitar el expediente. En estos plazos influirá la resolución del recurso presentado por los expropiados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque los afectados también cuentan con la posibilidad de presentar otro recurso ante el Jurado de Expropiación. No obstante, esto último es independiente de la ocupación de los terrenos y del pago de las indemnizaciones.

«Cuanto antes»

El Consistorio no va a esperar al inicio del procedimiento de ocupación, que se prevé para otoño, para ofrecer los locales y viviendas, al entender que los afectados necesitan un tiempo de adaptación. «Los acuerdos los cerraremos lo más pronto que jurídica y técnicamente sea posible», subraya De Bernardo.

El equipo de Gobierno local tiene la voluntad de tratar los expedientes como si fueran del propio Consistorio. Eso sí, sin olvidar que las indemnizaciones serán fijadas por la Junta.

«El Ayuntamiento va a poner sobre la mesa lo que tiene», afirma el alcalde, aunque incide en que la cuantía de las indemnizaciones no están en su mano, por lo que «si un local cuesta 90.000 euros y la indemnización es de 60.000, los afectados tendrán que pagar lo que resta».

De hecho, se está estudiando la posibilidad de que los afectados tengan la posibilidad de acceder a la compra, alquiler con posibilidad de compra o sólo alquiler de los inmuebles que se les oferten. «Les vamos a ofrecer todo el abanico de posibilidades, pero lo que no vamos a entrar a valorar es la cuantía de las ayudas», matiza De Bernardo.

El abogado de los afectados, José Antonio Gamero, se mostró satisfecho con la reunión y tiene previsto ponerse en contacto la próxima semana con los técnicos de la Junta para que tengan constancia de los resultados de un encuentro en que De Bernardo mostró su deseo de que la Administración autonómica formalice por escrito la petición de que el Ayuntamiento intervenga como mediador en el proceso.

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