La Audiencia Provincial de Madrid ordena la reapertura de la 'Operación Puerto'
Acepta el recurso presentado por varios organismos contra el archivo de la causa
Actualizado: GuardarLa Audiencia Provincial de Madrid ordenó ayer reabrir la Operación Puerto llevada a cabo por la Guardia Civil en mayo de 2006 contra la mayor red de dopaje descubierta en la historia de España, encabezada por el doctor Eufemiano Fuentes. Once meses después de que el caso fuese sobreseído por un juez al estimar que los hechos no eran constitutivos de delito, la Audiencia Provincial ha decidido abrir de nuevo el dossier al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en representación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la Federación Española de Ciclismo, la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
La Audiencia enviará de nuevo la documentación al juez Antonio Serrano, titular del Juzgado de Instrucción número 31, para que continúe con las investigaciones de un caso que, según el informe elaborado por la Guardia Civil, sólo afecta a ciclistas y ya ha precipitado la retirada de varios corredores. El juez Serrano cerró la Operación Puerto el 8 de marzo de 2007 por no considerar delito contra la salud pública las transfusiones sanguíneas, al no estar entonces en vigor la Ley Antidopaje aprobada el presente año por el Gobierno.
La reapertura del caso fue acogida con satisfacción y cautela por la Federación Española de Ciclismo. «Valoramos positivamente la decisión de la Audiencia, pero estamos expectantes para conocer la resolución del tribunal, para saber en qué ha dado la razón a nuestro recurso y en qué no», manifestó a última hora de la tarde su secretario general, Eugenio Bermúdez.
Los dos principales implicados en el escándalo que sacudió los cimientos del ciclismo e hizo perder aún más credibilidad en este deporte hace dos años son el doctor Eufemiano Fuentes y el hematólogo José Luis Merino Batres, que según la ley antidopaje en vigor sí podrían haber cometido un delito contra la salud pública.
El juez Serrano aseguró en su auto que los médicos no habían puesto en peligro la vida de sus pacientes, cuyas bolsas de sangre en numerosos casos contenían eritropoyetina (EPO), entre otras sustancias dopantes.
