La Línea denuncia a Gibraltar y al armador del New Flame por un delito ecológico

Ni la Junta, ni el Gobierno español. Los primeros en denunciar a los armadores del New Flame y al propio Gobierno de Gibraltar, en la persona de su primer ministro, Peter Caruana, por la crisis creada en torno al buque chatarrero, han sido el Ayuntamiento de La Línea y la Asociación Gaditana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (Agaden). El Consistorio lo ha hecho en el juzgado de instrucción, por un supuesto delito contra el medio ambiente, mientras que Agaden ha presentado su escrito ante la Comisión Europea de Medio Ambiente. Además, el europarlamentario del Partido Popular, Gerardo Galeote, llevó ayer una batería de interpelaciones parlamentarias sobre la gestión de las autoridades españolas y británicas a la Comisión Europea en el siniestro y pidió una investigación por si se han violado normas comunitarias.

Las primeras acciones legales por este caso tuvieron lugar el miércoles, cuando los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Línea entregaron en los juzgados de instrucción de la ciudad la denuncia contra el armador del barco y contra el primer ministro de Gibraltar, según explicaron fuentes del Consistorio linense. La acusación hace referencia a un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal.

Dicho artículo establece penas de prisión de seis meses a cuatro años y multas de ocho a 24 meses para el que provoque o realice directamente «vertidos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales». En los casos en que el daño grave afecte a espacios naturales protegidos, como la playa de Getares -incluida en el Parque Natural del Estrecho- las penas pueden ir de uno a cinco años.

Negar los hechos

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, afirmó que el Derecho Internacional «imputa la responsabilidad al Reino Unido, que es la potencia administradora de un territorio no autónomo sometida a dominio colonial». El escrito de denuncia hace referencia a que «lejos de adoptarse medidas para evitar un desastre ecológico, se han olvidado del asunto, llegando incluso a negar hechos tan patentes como el derrame de hidrocarburo».

Por su parte, Agaden pide en su denuncia ante la Comisión Europea de Medio Ambiente que este organismo emprenda un procedimiento judicial sancionador contra el Gobierno gibraltareño, el español, el autonómico y la Agencia Europea para la Seguridad Marítima (EMSA), si se demuestra que no obraron «con diligencia» después de que encallara el buque.

Al mismo tiempo, el Partido Popular ha abierto otro frente en la Comisión Europea al pedir una investigación sobre el caso por una presunta violación de normas comunitarias en materia de seguridad marítima y protección del medio ambiente, según explicaron desde el Grupo Popular.

La Junta por su parte también movió ficha. Su consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, reclamó ayer en Algeciras la celebración «de inmediato» de la reunión «a tres bandas» entre las autoridades gibraltareñas, españolas y británicas sobre «la contaminación que procede de Gibraltar» anunciada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y en la cual la Junta «quiere estar».

Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz presentarán en unos día la demanda contra el armador y la aseguradora del New Flame para que paguen los gastos de restauración y limpieza, que hasta ahora son de 100.000 euros.

El Ministerio de Medio Ambiente mantuvo ayer el dispositivo de limpieza en las playas algecireñas, con una veintena de operarios, aunque el volumen de residuos ha disminuido sensiblemente.