Las fronteras de la UE
El conjunto de iniciativas presentadas ayer por la Comisión Europea para reforzar los controles de entrada a la Unión, a fin de prevenir la inmigración ilegal, el terrorismo y otros delitos que se benefician de la porosidad de las fronteras transnacionales, responde a una necesidad ineludible de incrementar la seguridad colectiva aunque a través de métodos de discutible aplicación. Lo más llamativo de las propuestas planteadas es que éstas redundan en un mayor control fronterizo para hacer frente a problemas o riesgos de distinta naturaleza. El requerimiento para que los datos biométricos de todos los extranjeros formen parte de un registro electrónico puede explicarse por el hecho de que la mayor parte de los ciudadanos indocumentados existentes en la UE son viajeros que han extralimitado el período de estancia permitido en sus visados. Estas llegadas en condiciones irregulares, cuya expresión más dramática son las pateras, también justifica la apuesta por dotar de nuevos recursos al dispositivo Frontex. Pero es cuando menos cuestionable que deban implementarse las mismas medidas restrictivas para detectar tanto a quienes están inmersos en la inmigración ilegal como a presuntos terroristas o a delincuentes de tramas organizadas.
Actualizado: GuardarLos europeos disponemos de un área de libre movilidad que beneficia a 400 millones de ciudadanos de la Unión. La protección de ese espacio sin barreras interiores único y excepcional, así como la gravedad de las potenciales consecuencias que puede conllevar una actitud en exceso permisiva en la vigilancia del intenso tránsito de personas que registra la UE, obliga a ceder cotas de intimidad individual y a renunciar a una interpretación inflexible de ese derecho esencial. De hecho, España es uno de los estados miembros que dispone ya de un listado con los datos de los pasajeros que se desplazan en avión a nuestro país, lo que impidió la entrada a 389 viajeros el pasado año. Pero el exigible respeto a la presunción de inocencia y a las prerrogativas que asisten en democracia a los ciudadanos obligan a procurar el máximo consenso en el seno de la Unión y a establecer un sistema de protección de datos plenamente garantista, que evite excesos y distinciones simplistas entre extranjeros «de buena fe» y los que carecen de ella acuñadas ayer por el comisario Frattini.
