Más de 700 personas mostraron ayer su apoyo a la defensa del algodón

El sector del algodón mostró ayer en el transcurso de un acto en Sevilla su rechazo conjunto ante la propuesta comunitaria sobre el nuevo régimen de ayudas al algodón y reclamó la necesidad de agotar todas las posibilidades para modificarla, recurriendo, si es necesario, a la vía judicial.

Así se puso de manifiesto ayer en la jornada organizada por la Plataforma en Defensa del Algodón en la que participaron más de 700 personas de toda Andalucía -más de 200 eran la provincia de Cádiz- y que contó con la presencia de distintas autoridades políticas, entre ellos el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña. En total, fueron más de 60 entidades entre asociaciones, partidos políticos, ayuntamientos y cooperativas las dieron ayer su apoyo y mostraron el respaldo social con el que cuenta el sector.

Durante el acto, las organizaciones que componen la Plataforma -la organización agraria COAG, las desmotadoras, las cooperativas de Faeca, sindicatos, productores de semillas, etc.- dejaron clara su posición y recordaron que «con un planteamiento adecuado es posible mantener el cultivo y todo el entramado socioeconómico asociado a él, sin necesidad de incrementar el presupuesto comunitario y dentro del marco actual de la PAC».

También se explicó la situación por la que atraviesa el sector del algodón y el futuro que le espera con el marco normativo actualmente vigente, sobre todo porque la última propuesta de la Comisión Europea «es prácticamente idéntica a la que fue anulada por el Tribunal de Justicia de la UE».

En este punto, la Plataforma recordó ayer que las previsiones que llevaron a promover el recurso a la reforma ya se han hecho realidad. Así, los datos de las dos campañas en las que se ha aplicado el nuevo sistema confirman los más nefastos augurio: una reducción del 63% de la producción, de casi un 30% de la superficie cultivada, del 25% de los productores, de casi el 60% de los jornales en campo y del 33% del empleo industrial, así como una pérdida importante de la calidad. Además, el mantenimiento de la reforma implicaría el cierre de al menos 20 de las 27 desmotadoras que están en funcionamiento y la pérdida de un millar de empleos.

En este contexto, el secretario general de COAG, Miguel López, destacó que es «incoherente» querer desacoplar al cien por cien las ayudas, cobrar y utilizar este dinero para plantar otros cultivos.

Apuntó que «hay muchas zonas sin alternativas ya sea por el tipo de suelo o porque la inversión que se realizó en esa zona fue para la producción de algodón y no para otros». «Después de todo el esfuerzo, no tiene sentido desacoplar las ayudas y desmontar un tejido productivo que se creó para dar empleo y afincar a la población en el ámbito rural», según subrayó.

Por su parte, el consejero de Agricultura se mostró ayer confiado en conseguir un acuerdo con la CE para que la ficha presupuestaria de España se mantenga al cien por cien, lo que permitiría mejorar la cantidad de las ayudas acopladas propuestas.

De este modo, los agricultores que siembren obtendrían las máximas ayudas y supondría que, en la práctica, la propuesta de que el 65% de las ayudas se concedan por superficie y el 35 a la producción quedara desvirtuada. Así, se podrían mantener unas 55.000 hectáreas con un nivel de ayudas acopladas mayor del que en este momento se ha fijado, que es de 1.039 euros, y alcanzar los 1.300 euros, a los que habría que sumar las ayudas agroambientales.