La Fiscalía espera los informes policiales para actuar por el intento de agresión a San Gil

El fiscal de Santiago, Álvaro García, aseguró ayer que los hechos pueden tener «carácter delictivo». Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la Policía ha abierto una investigación de oficio y que los funcionarios ya han remitido una nota previa a los juzgados de guardia de Santiago. Además, la decana de la Facultad de Económicas, Maite Cancelo Márquez, presentó una denuncia ante la comisaría de Santiago, a la que se unirá el informe sobre los hechos encargado por el rector de la universidad compostelana, Senén Barro.

Mandos de la investigación policial explicaron que antes del fin de semana esperan poder identificar a la mayoría de las personas que participaron en los incidentes. Las pesquisas, señalaron, se centran en el entorno de la denominada Organización Estudiantil da Esquerda Independentista Agir, que convocó a la protesta y varios de cuyos miembros increparon a la política vasca.

Acusaciones

La Fiscalía apunta que los altercados podrían ser constitutivos de desórdenes públicos, ofensas o atentado contra personas, aunque no descarta acusar a los participantes de apología del terrorismo si los informes policiales confirman que los congregados gritaron consignas a favor de ETA y de organizaciones de su entorno.

Por su parte, el secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, apuntó que el ataque a la dirigente popular es fiel reflejo del «error histórico» cometido por José Luis Rodríguez Zapatero en esta legislatura por «fomentar la división y satanizar al adversario político».

Según manifestó Astarloa, incidentes como este son fruto de los «pactos con los más radicales para dejar al otro partido mayoritario fuera». Además, dijo que los individuos que protagonizaron los incidentes deberían estar en la «basura de la historia». Las críticas del PP fueron contestadas de inmediato por el portavoz socialista de Interior, Antonio Hernando, quien aseguró que Astarloa «se ha pasado de la raya intentando responsabilizar al Gobierno del ataque salvaje e injustificado de unos extremistas».