Solbes se opone de forma radical a que el Gobierno salga al rescate del ladrillo

El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, se opuso ayer de forma «radical» a que el Gobierno acuda ahora al rescate del sector del ladrillo, que vive sus horas más bajas en años por el desplome de la demanda y los problemas de acceso al crédito.

El mensaje de Solbes contrasta con el que lanzara el pasado mes de octubre el propio jefe del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, quien en plena crisis por las hipotecas subprime pidió a bancos y cajas que mantuvieran abierto el grifo de la financiación a las inmobiliarias que, recordó, suponen un elevado porcentaje del empleo y la riqueza nacionales.

«¿Debemos, como algunos piensan actuar como en los viejos tiempos, dando respaldo a algunas empresas que han apostado de forma más atrevida que otras, lo que les ha permitido ganar mucho dinero y cuando las cosas les van mal es el Estado el que debe actuar?», se preguntó Solbes.

El propio ministro dio la respuesta: «desde luego no es mi filosofía, estoy en radical desacuerdo con esas ideas». La afirmación intentaba zanjar la polémica desatada recientemente al conocerse que el G-14, el grupo de las mayores inmobiliarias del país, se había acercado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) -organismo dependiente del Ministerio de Economía- para tantear eventuales apoyos públicos al sector. El presidente del lobby, Fernando Martín, ha apuntado en varias ocasiones que es lógico que las empresas se dirijan a «todos los actores» en busca de apoyos.

Solbes, que ofrecía una conferencia en la sede central de la Caja Vital en Vitoria, se refirió al panorama que vive el mercado inmobiliario y promotor para descartar cualquier situación de crisis. A su juicio, el sector atraviesa una desaceleración, en parte de «origen exterior y de carácter cíclico», que de ninguna manera se puede calificar de «catástrofe».

De este modo, Solbes rechazó la necesidad de que el Gobierno deba efectuar cambios significativos en su política económica. El ministro se mostró partidario de analizar «cualquier idea sensata» que pueda contribuir a paliar los problemas del ladrillo siempre que no pase por el hecho de que el Estado sustituya a las empresas «cuando a estas les va mal». «Eso es muy difícil de aceptar», añadió.