«Las autoridades españolas no han actuado para ahorrarse conflictos diplomáticos»

El último vertido del New Flame ha causado un conflicto diplomático con el Reino Unido y ha puesto sobre la mesa de nuevo los conflictos jurisdiccionales y ambientales con Gibraltar. Jesús Verdú (Valdepeñas, Ciudad Real, 1963), es doctor en derecho y realizó su tesis doctoral sobre el tema Controversias en Gibraltar y su incidencia en el medio ambiente. Responsable de Derecho Internacional Público del Centro de Derecho de la Universidad de Cádiz en Algeciras, colabora con el movimiento ecologista y es miembro de Agaden, asociación ecologista local. En esta entrevista pone en contexto la situación del New Flame y reclama a los Gobiernos español y británico priorizar los temas ambientales sobre las disputas políticas.

-¿Cómo ha influido el conflicto jurisdiccional de las aguas de la Bahía en la crisis del 'New Flame'?

-El siniestro del New Flame está en relación con la falta de delimitación de los espacios marinos en la Bahía de Algeciras. Se trata de una paradoja por parte española, porque oficialmente España niega aguas jurisdiccionales en torno al Peñón. Esa es la postura oficial en una interpretación del Tratado de Utrecht, pero en la práctica no ejerce ningún tipo de control sobre lo que pasa en las aguas de Gibraltar y son las autoridades gibraltareñas las que ejercen un control total de lo que sucede en sus aguas. Eso provoca distorsiones enormes y actividades de altísimo riesgo ambiental que se producen en aguas en torno a Gibraltar y sobre las que España no tiene ningún control.

-¿Qué posibilidades de actuación hubiera tenido España cuando se produjo el suceso?

-Si España y el Reino Unido se hubieran puesto de acuerdo para establecer vías de navegación y canales de entrada y salida en torno a la Bahía y hubiera una comunicación fluida entre las autoridades portuarias, este accidente simplemente no se hubiera producido. Así de sencillo. La paradoja de la que hablaba es que el accidente haya sido en aguas territoriales españolas y las autoridades competentes se han abstenido de hacerse cargo del siniestro o de su control y han delegado todo en Gibraltar, para ahorrarse conflictos diplomáticos y favorecer el buen entendimiento con Gibraltar cuando el Gobierno del Peñón no está en absoluto preparado para afrontar un siniestro de estas características.

-¿Como calificaría la actuación y la respuesta dada por Gibraltar y por extensión el Reino Unido a la crisis del 'New Flame'?

-Ha sido absolutamente inapropiada e ineficaz, al no disponer ni de personal adecuada, ni de medios, ni de preparación suficiente, ni experiencia para abordar este tipo de accidentes. Una idea muy importante es que los daños ambientales no los están sufriendo ellos directamente, sino que los daños llegan a las costas españolas y como eso no les importa en absoluto, pues no ha sido prioritario afrontar el siniestro desde sus causas ambientales.

-Esta no es una situación nueva para la Bahía de Algeciras. ¿Hay una sensación de desamparo ante estos problemas?

-Absolutamente, la controversia de Gibraltar causa una serie de incidentes de tipo ambiental y de deterioro del medio ambiente, que se van repitiendo en distintos años gracias a accidentes marítimos, a la presencia de buques de propulsión nuclear o de submarinos nucleares, como el tristemente célebre caso del Tireless. Los aspectos ambientales se sacrifican en aras de intereses políticos de las partes, con lo que de alguna manera lo que se está sacrificando es el futuro de los habitantes de la zona, un futuro basado en un desarrollo sostenible.

-¿Qué consecuencias medioambientales pueden tener estos vertidos continuos?

-Una degradación del medio marino, un empobrecimiento de los recursos, la incompatibilidad con otras vías de desarrollo, el deterioro de la calidad de vida de los habitantes, la pérdida de playas y de zonas de ocio... Consecuencias que siendo muy severas castigan duramente a la población.

-¿Qué medidas se podrían adoptar para evitar estas situaciones?

-La medida más inmediata es que tantos las autoridades británicas, como españolas y gibraltareñas se conciencien de que la situación medioambiental es insostenible y una vez que se conciencien pueden adoptar medidas tan simples como establecer mecanismos de comunicación que garanticen la seguridad marítima, el control de las actividades de riesgo ambiental, como el bunkering [transvase de combustibles a grandes buques gasolineras], que es una actividad absolutamente inaceptable y que implica un riesgo ambiental y de degradación no sólo a la parte gibraltareña sino fundamentalmente a la española.

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