Acoso en casa

a puesta en marcha a partir de hoy del plan piloto del teléfono gratuito contra el acoso inmobiliario viene a responder a una necesidad largamente desatendida por la administración de ciudadanos que, por su precariedad económica o social, se han visto abocados a situaciones de presión intolerable para que desalojaran sus viviendas. La protección de las capas sociales mas desfavorecidas y de las personas más frágiles frente a prácticas abusivas es una obligación de los servicios sociales y municipales que están obligados a prestar atención judicial gratuita y las ayudas sociales que requieran para hacer valer sus derechos frente a los acosadores. Pero no se puede pasar por alto que la presión de propietarios o instituciones desborda el nivel de acoso para entrar de lleno en el terreno delictivo que puede llegar a requerir un tratamiento de índole penal.