Suspensión sentenciada
La suspensión de actividades decretada por el juez Baltasar Garzón contra ANV y el PCTV, impidiendo su presentación a las elecciones del 9-M, constituye una respuesta penal coherente ante la gravedad de los delitos que se imputan a ambos partidos. El magistrado da por verificado que, una vez superados los filtros legales, las dos formaciones fueron colonizadas por la ilegalizada Batasuna a fin de continuar actuando política e institucionalmente y de dotar de sustento económico no sólo a su propio entramado, sino a la pervivencia del terrorismo de ETA. Unas acusaciones cuyas consecuencias se vieron amplificadas ayer de manera elocuente por la bomba que la banda hizo estallar en los juzgados de Bergara ante el silencio cómplice de ANV. Garzón justifica la demora en actuar contra los partidos demandados en la inexistencia hasta ahora de pruebas suficientes y concluyentes. Pero su relato sobre la importancia que concede ETA a la revisión de los precedentes de ilegalización para poder sortear las exigencias legales y la conversión de la formación ilegalizada en el referente único que fagocita a toda la izquierda abertzale alimenta las dudas sobre la rotundidad de la respuesta del Gobierno y sobre la posible modulación de la misma por intereses electorales o de conveniencia política. Sospechas frente a las que sólo puede tratar de recuperar credibilidad mediante el compromiso de que su posición actual no sufrirá variaciones de oportunidad en el futuro.
Actualizado:El hecho de que el auto de Garzón constituya casi una réplica de la suspensión de actividades de Batasuna decidida en 2002 demuestra que los integrantes de sus siglas sucesoras no han pretendido, en ningún momento, recuperar la legitimidad a través de su sometimiento al contenido de la Ley de Partidos y al de las sucesivas resoluciones y sentencias. Por el contrario, han evidenciado su querencia por la sumisión al dictado de ETA. Así, el mensaje que se obstinan en transmitir a la sociedad y a las instituciones del Estado de Derecho es que deberá ser la democracia la que admita dar cobertura pública del terrorismo como una expresión de la libertad, porque no será la izquierda abertzale la que se avenga a cuanto señalen las leyes y los veredictos judiciales. De modo que frente a la acusación de que Batasuna y las formaciones que la relevan forman parte de ETA o le prestan apoyo, es la propia izquierda abertzale la que con su conducta viene a certificar la verdad que encierra dicha acusación. Lo que resulta ya incomprensible es la fingida ingenuidad con la que el nacionalismo gobernante insiste en solidarizarse con las siglas puestas fuera de circulación, deplorando que una parte de la sociedad quede excluida de la participación política cuando no es cierto. Porque a lo que venimos asistiendo es a una autoexclusión por la que la izquierda abertzale volverá a enrocarse en el voto nulo dado que ni quiere ni puede romper abiertamente con el terror de ETA.