Los jueces vetan a ANV en las elecciones pero le dejan seguir en los ayuntamientos El Supremo desoye al Gobierno, que pedía la disolución del grupo de PCTV en el Parlamento vasco

ANV no estará presente en las próximas elecciones del 9 de marzo. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y los 16 magistrados que componen la Sala Especial del Tribunal Supremo acordaron ayer tomar esta medida cautelar y cerrar así el camino a la única candidatura por la que había apostado la izquierda abertzale radical para las generales en ciernes. Los sucesores de Batasuna ya han mostrado su intención de apostar por el voto nulo en los próximos comicios.

Los dos órganos judiciales, que mantienen dos procedimientos penales por separado contra ambas formaciones, acordaron además bloquear sus cuentas bancarias para que no reciban fondos por su trabajo en las instituciones. Aunque el Supremo no entró en un debate profundo de la cuestión y dejará para más adelante un posicionamiento definitivo, tanto aeneuvistas como comunistas de las tierras vascas tendrán limitada su actividad por orden del juez Garzón. ANV y PCTV mantendrán, por lo tanto, sus respectivos grupos en ayuntamientos de Euskadi y Navarra -437 concejales y 42 alcaldes- y los nueve representantes del Parlamento vasco; pero no podrán llevar a cabo ningún tipo de acto político relacionado con esas siglas fuera de las instituciones en las que cuentan con representación oficial.

Tienen prohibida desde ayer la celebración de ruedas de prensa fuera de sus órganos de actuación así como la convocatoria de mítines o manifestaciones. Así será durante los próximos tres años, con la posibilidad de que la Justicia amplíe esta restricción otros dos años más. A falta de que se den a conocer hoy los razonamientos jurídicos de la Sala del 61 -el alto tribunal acabó las deliberaciones sobre las diez de la noche tras sendas vistas en las que citó a los dos partidos y dejó la redacción exacta del auto en manos de Enrique Bacigalupo y Antonio Martín Valverde-, el criterio que se impone es el expresado desde primera hora de la mañana de ayer por Garzón en sendos autos de más de doscientas páginas cada uno.

El magistrado considera que esta «grave» medida cautelar es la única que permite «neutralizar» la actividad delictiva de ambos partidos, que en su opinión han aceptado ser el «instrumento» de ETA para mantener viva a Batasuna -su frente político- y burlar la ilegalización del Tribunal Supremo.

Garzón, que dedicó la noche del jueves al viernes a redactar las dos resoluciones, envió ayer una comunicación «urgente» de la resolución al Registro de Partidos y a todas las juntas electorales para que conozcan la prohibición antes de este lunes, el día que proclamarán de manera oficial las candidaturas que pueden concurrir al Congreso y al Senado.

Los autos, que suman 525 folios, también ordenan la clausura de las sedes y locales de ambos partidos; el bloqueo de todas sus cuentas corrientes y bienes y el estrangulamiento de su capacidad financiera; el embargo de las subvenciones públicas y ayudas que les pudiesen corresponder; y el cierre de sus páginas web.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional adelanta que va a pedir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que reclame al Parlamento de Vitoria que levante la inmunidad de las responsables del grupo de PCTV, Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, para que puedan ser acusadas de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita y enjuiciadas por la Sala de lo Penal que preside Fernando Ruiz Piñeiro en Bilbao. Aunque el grupo parlamentario «es una realidad jurídica diferente» al partido y competencia del alto tribunal vasco porque sus miembros son aforados, embarga las cuentas para impedir que continúen con la financiación de ETA-Batasuna.

Recuerda que entre el partido y el grupo, entre octubre y diciembre pasados, una vez se hizo inminente la intervención judicial, realizaron una «descapitalización fraudulenta» de sus cuentas y transfirieron casi 800.000 euros a dirigentes de Batasuna, 440.000 de los cuales salieron de la cuenta de las parlamentarias, que a su vez tienen en nómina a la mayor parte de la mesa nacional.

El juez anuncia en sus autos que ha refundido en un solo sumario los tres que investigaban los delitos terroristas presuntamente cometidos por los dirigentes de PCTV, ANV y por los 38 miembros de la nueva mesa nacional de Batasuna, la elegida en la clandestinidad en marzo de 2006, 26 de cuyos integrantes ya están encarcelados.

Después de la tregua

El magistrado imputa a los 38 líderes de Batasuna integración en banda armada, por considerar que esta estructura ilegal es hoy no sólo el frente institucional de la banda en la clandestinidad, sino también el político y social tras asumir el papel histórico de las ilegalizadas KAS/EKIN.

Indica que el «referente político» está a las órdenes de las pistolas, «como se demostró durante y después de la tregua», y que «a través de estructuras claramente mafiosas» le presta el «apoyo operativo, logístico y de complementación de la actividad de aterrorizamiento» a los ciudadanos e instituciones.

El resto de los imputados son los dos presidentes de los partidos suspendidos, los secretarios generales y los tesoreros, siete en total, acusados de colaboración con ETA y de asociación ilícita. Los cuatro imputados de PCTV, además, deben afrontar el cargo de defraudación de subvenciones o malversación de caudales públicos, por el «vaciamiento» de sus cuentas a favor de Batasuna.

Garzón entiende que los responsables de los partidos suspendidos los convirtieron en asociaciones ilícitas cuando, tras concurrir a las elecciones autonómicas vascas de 2005 y a los comicios locales de 2007 se dejaron «colonizar» por los dirigentes de Batasuna, «que tomaron la dirección y el control de facto» de ambas formaciones.

El juez se muestra convencido de que si la justicia y los cuerpos de seguridad no hubiesen desencadenado en octubre pasado la redada que mandó a la cárcel al núcleo de la mesa nacional y puso al descubierto los secretos de Batasuna, en este momento PCTV y ANV estarían ya integrados en ETA. Los 16 magistrados que componen la Sala del 61 del Tribunal Supremo dieron ayer un importante varapalo a la estrategia del Gobierno contra ANV y PCTV al rechazar por unanimidad la suspensión de actividades de los dos partidos de la izquierda abertzale, tal y como reclamaba la Abogacía del Estado, órgano que depende directamente del Ejecutivo socialista. Esta medida del Supremo permitirá que, de momento, ambas formaciones mantengan sus grupos en ayuntamientos y Parlamento vasco.

Fuentes judiciales explicaron a este periódico que la decisión del Supremo tiene mucho que ver con lo que ya sabían que había acordado su compañero de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Dictada la suspensión de actividades por el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, su criterio se debía mantener fuera lo que fuera lo expresado por el Supremo. Los dos órganos judiciales mantienen un proceder en paralelo que no interfiere en la labor del otro.

Fuentes del alto tribunal explicaron ayer a SUR que el Supremo volverá a abordar esta misma cuestión dentro de unos meses si las defensas de ANV y PCTV optan por recurrir el auto de Garzón en el que se les deja fuera de la actividad política. De materializarse esta impugnación los jueces de lo Penal deberían revisar en un futuro todo el procedimiento llevado a cabo en la Audiencia Nacional.

Cambio de criterio

También pesó en la postura adoptada por la Sala del 61 el cambio de rumbo que ha tomado la Abogacía del Estado en este proceso. Los servicios jurídicos que dependen del Gobierno socialista no habían pedido en su demanda inicial la disolución de los grupos parlamentarios ni municipales que ostentan uno y otro partido, respectivamente. Sí lo exigieron durante las dos vistas que se celebraron ayer en el Supremo.

El abogado del Estado, Manuel Pacheco, explicó este nuevo matiz en su demanda para evitar el «absurdo» que, en su opinión, sería que los ciudadanos financien con sus impuestos las actividades de grupos que apoyan a un partido ilegalizado como es Batasuna.