La alcaldesa admite que ya hay abierta una investigación sobre Jerecom

Los afectados por el cierre de la constructora Jerecom que el pasado jueves se manifestaron en la ciudad para denunciar la deuda que ha dejado esta compañía a unos mil autónomos, proveedores y trabajadores, así como para pedir una investigación sobre la forma de actuar de los propietarios, ya han obtenido las primeras respuestas positivas.

Y es que las sospechas en torno a la forma de actuar de esta empresa propiedad de la familia Grimaldi han salpicado estos días al mismo Ayuntamiento de Jerez, debido a que la ya extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) contrató numerosas obras con esta constructora, a cuyos dueños acusan los afectados de «habernos dejado en la estacada y no pagarnos las deudas contraídas, mientras ellos se enriquecen y siguen trabajando con distintos nombres como han hecho desde el año 2002 cuando eran Cohegri, y luego pasaron a ser Cartuja y así sucesivamente», como recalcaron ayer a este medio algunos de ellos.

En relación con la deuda que el Ayuntamiento tiene con esta empresa y, sobre todo, con las relaciones que la GMU ha mantenido en anteriores legislaturas con Jerecom, la alcaldesa de la ciudad, Pilar Sánchez, reconoció ayer que a nivel interno ya se habían detectado algunos problemas y que «a sugerencia del propio interventor municipal y a tenor de los datos de que disponíamos, hace meses que iniciamos una investigación profunda de la situación».

Según Sánchez, «en este tiempo hemos estado trabajando en un expediente de investigación sobre las distintas actuaciones que se habían mantenido con esta empresa», aunque se negó a adelantar conclusiones respecto a resultado de este análisis porque «aún está abierto el estudio».

No se atrevió a dar tantas explicaciones el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, que ayer dejaba claro que «la conexión de la GMU con Jerecom es la normal que pueda haber con cualquier empresa que ha contratado el Ayuntamiento».

Estudiar su estrategia

También el consejero de Empleo, Antonio Fernández, expresó ayer durante su visita a la ciudad sus dudas acerca de la actuación de esta empresa, y afirmó que la Administración autonómica también va a estudiar «el problema de esta mercantil que tiene cada dos o tres años un comportamiento similar». Fernández dejó claro que «tenemos que ver la naturaleza de esta estrategia», aunque también advirtió ayer a los afectados por el cierre de Jerecom de que «la suspensión de pagos se realizó hace unos cinco o seis meses», y a estas alturas es difícil tomar medidas al respecto.

En opinión del consejero, «la crisis de Jerecom no es comparable a la de Fivesur, ya que en el primer caso de lo que hablamos es de un problema de créditos impagados después de una suspensión de pagos que ya se ha producido, y ya se puede hacer poco».

Pese a todo, Fernández accedió -a petición de la alcaldesa de Jerez- a mantener una reunión con los afectados por el cierre de esta empresa, una cita que será el próximo día 18, según confirmaron ayer algunos portavoces de los afectados.

Estos representantes se quejaron ayer de que «no tengamos aquí en Jerez un juez Torres que decida entrar de lleno en este tema e investigar, porque no es lógico que nosotros estemos como estamos mientras los propietarios siguen trabajando en una oficina clandestina e ingresando dinero».

Sobre el pago de la deuda, ayer se mostraron desmoralizados, porque «parece que Jerecom ha cobrado ya y no está dispuesta a pagarnos», aunque informaron de que «los representantes políticos (como el concejal de IU Joaquín del Valle), van a pedir a todos los ayuntamientos de la provincia que tienen facturas pendientes con Jerecom que no las paguen hasta que sepamos si una intervención judicial pueda hacer que el dinero nos llegue directamente a los afectados».

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