Iberdrola pide a la CNE que impida a ACS aumentar su control en la eléctrica

Las cartas ya están sobre la mesa. Tras semanas de abundante ruido, la francesa EDF ha reconocido finalmente ante el regulador español que ha mantenido encuentros con representantes de ACS «con el objetivo de analizar sus respectivos intereses en relación a Iberdrola». Aunque puntualiza que se trata de «contactos exploratorios», inversores y analistas del sector han visto confirmados los rumores.

Era un secreto a voces, pero esta ratificación oficial ha dado pie al arranque de la estrategia defensiva de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán. Los administradores de Iberdrola ya no soportan al enemigo en casa, y han requerido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que revoque el permiso concedido a la empresa constructora y de servicios para aumentar su participación hasta el 24,9%.

También le exige que limite al 3%, sin ninguna excepción, los derechos de voto de la empresa que preside Florentino Pérez. El 15 de febrero de 2007, el consejo de la CNE acordó permitir a la constructora votar en las juntas de accionistas de Iberdrola en función de su participación, aunque le vetó tomar posiciones en aspectos relativos a la estrategia competitiva de la eléctrica. No obstante, los estatutos de la eléctrica incluyen un blindaje que limita el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas a un máximo del 10%.

ACS es dueña de poco más del 12% de Iberdrola, si bien posee el 7,7% de forma directa y el resto a través de derivados, y no ha podido acceder a un asiento en el consejo. En noviembre de 2006, la CNE autorizó a este grupo a incrementar su participación hasta el 24,9% -el límite entonces vigente para no incurrir en la obligación de lanzar una OPA- si bien condicionó este permiso a una serie de requisitos.