Tribuna Económica | La ley del péndulo

La historia de los hechos económicos confirma el movimiento pendular de la economía con carácter cíclico. Así, el primer debate que ello suscita se refiere a la conveniencia o no de que las autoridades monetarias y fiscales utilicen los instrumentos que tienen a su alcance para reducir las fluctuaciones del ciclo económico. Está comprobado que los responsables de dirigir la política económica influyen con sus decisiones en las fluctuaciones en el corto plazo.

Es indubitado que las variaciones de la demanda y la oferta agregada provocan fluctuaciones a corto plazo en la producción y en el empleo. Si a ello le añadimos que la política monetaria y fiscal puede desplazar la demanda agregada, hemos de concluir que influyen en las fluctuaciones. El debate queda abierto sobre la base de la capacidad de intervención de las autoridades con influencias positivas evidentes en el corto plazo. En el medio y largo plazo, los efectos de una posible intervención se desdibujan, pudiendo alcanzarse situaciones no deseadas, ya que las recetas válidas para enderezar el rumbo económico en el corto plazo pueden devenir ineficaces en el largo plazo.

La primera alternativa consiste en la intervención de las autoridades que deben tratar de estabilizar la economía. La hipótesis de partida es que las economías tienden a fluctuar si no se interviene. En este supuesto, cuando la demanda agregada es insuficiente para garantizar el empleo, las autoridades deben aumentar el gasto público, bajar los impuestos y aumentar la oferta monetaria, o bien el caso contrario, la demanda agregada es excesiva, lo que puede disparar la tasa de inflación, en cuyo caso la ortodoxia indica reducir el gasto público, subir los impuestos y minorar la oferta monetaria. La segunda opción es la antitética de la primera de las alternativas explicitadas. Las autoridades económicas no deben tratar de estabilizar la economía. La política monetaria y la fiscal no tienen influencias inmediatas sobre la situación descrita en el momento en el que se adoptan. Desde esta perspectiva es preciso que la autoridad económica que pretenda corregir la fluctuación perversa del ciclo debiera prever la situación que se supone existirá cuando desplieguen sus efectos las medidas propuestas.

Partiendo de la consideración de la imprecisión de las predicciones económicas y de la impredecibilidad intrínseca de las perturbaciones que provocan las fluctuaciones económicas, las autoridades económicas fundamentan sus decisiones de intervención con políticas monetarias o fiscales, en meros indicios carentes la mayoría de las veces de fundamento científico alguno.

Así las cosas, la decisión a adoptar como casi siempre en la vida «no es ni una ni otra, sino todo lo contrario». Es la forma de transmitir que en economía no existen decisiones dogmáticas, ya que las variables que interaccionan en el cuadro macroeconómico existen y dependen exclusivamente de las circunstancias que se dan en el caso concreto. Para centrar la cuestión en España, las autoridades deben hacer el diagnóstico fehaciente a través de la interpretación objetiva de las distintas variables económicas. Sólo así se podrán tomar decisiones acertadas. Surge el primer problema cuando el Gobierno no simplemente juega al despiste definiendo la situación económica al amparo de la trayectoria pasada, sino que refleja en los Presupuestos Generales del Estado un escenario absolutamente improbable. Los medios previstos para la consecución de los fines pretendidos se apartan de la realidad de la situación, lo que va a provocar un aumento de las fluctuaciones en este comienzo de ciclo, con evidentes repercusiones negativas en el devenir de las empresas y las familias.

Mi diagnóstico para 2008 es un fuerte descenso del ritmo de crecimiento de la economía mundial y también de la española. No llegará la situación a su calificación como recesión económica, debido al crecimiento de las economías de los países en desarrollo, que lo harán por encima del 6%, confirmando de ésta forma el llamado efecto desconexión, cuya incidencia en el contexto es cada vez mayor si tenemos en cuenta que las economías emergentes representan ya la mitad de la economía mundial. Ante esta situación, las soluciones pasan:

1º) Por la prudencia en la toma de decisiones del Banco Central Europeo, decisiones que deben acoplarse a las tomadas por la Reserva estadounidense, máxime cuando se aprecian ya síntomas de moderación de la tasa de inflación.

2º) El Gobierno español debe transmitir con objetividad y exactitud la veracidad de la situación para la correcta toma de decisiones por todos los operadores económicos, incluido las economías domésticas. Sólo así las autoridades competentes podrán tomar las decisiones oportunas, aunque no hayan sido asumidas previamente como «acuerdo de la concertación social», ya que el Estado es el único soberano a través de las Cortes españolas para legislar y asumir las responsabilidades que dimanan de la soberanía popular y, de una vez por todas, ejecutar las reformas estructurales que impulsen por la senda de la eficacia y la eficiencia a la economía española para hacerla de verdad menos vulnerable a los vaivenes y fluctuaciones en el ciclo económico.

3º) Las reformas estructurales que hay que acometer a pesar de todos los pesares son: flexibilidad del mercado laboral, favorecer la competencia intersectorial, equilibrar la balanza comercial e incrementar la productividad en todos los ámbitos, a lo que hay que añadir una auténtica contención del gasto público que permita una racional bajada de la presión impositiva que dé un mayor margen de maniobra a los individuos en la gestión de su renta y patrimonio, como expresión de respeto y consideración a la persona humana, facultada y capacitada para tomar sus propias decisiones, alejando de esa forma la alienación del individuo del yugo del Estado.