Coherencia judicial

as órdenes de detención de los dirigentes de Batasuna Pernando Barrena, Patxi Urrutia y Unai Fano dictadas por el juez Garzón continuaron ayer la operación dirigida por la Audiencia Nacional contra la cúpula de la formación ilegalizada, imputando reiteración delictiva a los miembros de su llamada Mesa Nacional. Desde que a finales de los años 70 ETA hallara en Herri Batasuna la forma de ampliar el eco de sus postulados, tanto los demás partidos políticos como las propias instituciones contemplaron esa dualidad con una actitud en la que primaba la formalidad democrática del concurso público de HB sobre la convicción general de que se trataba de la correa de transmisión de ETA. Aunque esa actitud reflejaba también la esperanza que partidos e instituciones albergaban en una eventual emancipación de la izquierda abertzale respecto al dictado etarra, o en su capacidad para propiciar algún día la renuncia de ETA al terrorismo. Fue la promulgación de la Ley de Partidos en 2002 la que llevó al legislador a establecer la ilicitud de asociarse para prestar cobertura pública al terrorismo; y fue la apertura del sumario 35/02 por parte del juez Garzón la que identificó a Batasuna como prolongación e instrumento de ETA. Es lógico que la visión de la judicatura respecto a una trama que en parte se venía solapando bajo apariencias de legalidad vaya en consonancia con la percepción que de ella mantiene el legislador. Lo que resulta menos comprensible es que tras poner punto final en la Ley y en sucesivas sentencias a la manifiesta impunidad en que se movía el brazo político de ETA, por parte de la Fiscalía y por parte de los propios jueces se hayan mantenido posiciones contradictorias cuya variación no parece responder a la aparición de datos objetivos antes desconocidos. La pregunta de por qué Barrena fue detenido ayer y no tras cualquiera de sus comparecencias públicas anteriores representa una cuestión menor respecto a lo que se dilucida en el fondo. Pero sería conveniente que jueces y fiscales tomasen mayor conciencia de que la rotundidad con que en cada momento exponen sus razones no deja de suscitar en la opinión pública dudas, perplejidad e incluso la sospecha de que en ocasiones se dan actuaciones de oportunidad.