El PCTV quiere que sea el Supremo quien trate sobre su suspensión
El Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) pidió ayer al juez Baltasar Garzón que deje en manos de la Sala Especial del Tribunal Supremo la decisión sobre la posible suspensión de sus actividades como partido político.
Actualizado: Guardar El magistrado celebró, con la presencia de los representantes de PCTV, de la Fiscalía y las acusaciones particulares -AVT y Dignidad y Justicia-, la primera de las vistas sobre medidas cautelares para determinar si suspende por cinco años las actividades de este partido, le impide presentarse a las próximas elecciones, embarga sus cuentas, bienes, subvenciones y ayudas públicas, y si decreta, además, la clausura de sus sedes y locales por igual período.
Garzón celebrará hoy otra vista idéntica y con igual fin contra Acción Nacionalista Vasca (ANV), el segundo partido al que la Fiscalía considera parte del 'frente institucional' de ETA y para el que también pide la inmediata exclusión de la vida política y de los comicios del 9 de marzo. Según varias fuentes jurídicas, el juez instructor no dará a conocer su resolución sobre las medidas cautelares contra PCTV y ANV hasta mañana o el jueves, y consideran que se inclinará por aceptar las reclamaciones del fiscal y de las acusaciones particulares.
La abogada del PCTV, la dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia, que tomó la palabra durante casi una hora en el despacho del juez, alegó que Garzón no es competente para decidir la suspensión de actividades contra este partido cuando el Supremo tiene abierta una causa para su ilegalización y va a celebrar el próximo viernes una vista para decidir sobre idénticas medidas cautelares que las pedidas en la Audiencia Nacional. La defensa de ANV planteará al juez este martes la misma reclamación.
Goirizelaia consideró que el magistrado comete «un abuso de ley» al celebrar la vista porque es el Supremo quien tiene la preferencia para decidir la suspensión de un partido, por tratarse del tribunal al que la ley de Partidos otorga la competencia para ilegalizar a estas formaciones.
La letrada, dentro de la batería de objeciones técnicas para evitar que Garzón suspenda a los partidos, acusó al juez de burlar el Código Penal por aplicar a una formación política una medida sólo prevista en esta ley para empresas y asociaciones.
