Los comerciantes afectados por los derribos del tranvía temen por el futuro de sus negocios

El anuncio por parte del PSOE local de que la Junta concederá las máximas ayudas económicas contempladas por la Ley a los isleños cuyas viviendas serán derribadas por las obras del tranvía no ha tardado en suscitar todo tipo de reacciones. Dicho derribo afectará a un total de siete fincas comprendidas entre las calles Montañeses de La Isla y San Marcos, que albergarán el inicio del trazado por la calle Real.

Los principales perjudicados por la desaparición de esta manzana serán los comerciantes que, en régimen de alquiler, desarrollan sus labores en seis de las parcelas afectadas, ya que sólo uno de los inmuebles de la zona conserva su uso residencial. Por otro lado, esta situación compromete el futuro de las plantillas de trabajadores de estos locales, formadas por una veintena de empleados, que aún desconocen si las medidas de compensación de la Junta les harán posible mantener sus actividad empresarial y mantener sus plantillas.

La lista de negocios que podrían verse afectados cuando comiencen estas obras está formada por dos bares, una freiduría, un estanco, una peluquería y un laboratorio de prótesis dentales.

Los propietarios de los terrenos aún desconocen la cuantía de las ayudas que percibirán, aunque el grupo socialista adelantó que, durante los próximos meses, la Administración autonómica atenderá a todos los vecinos, de forma individual, para valorar la situación de cada una de las fincas y negocios. Los planes de la Junta pasan por abonar la primera parte de estas ayudas a sus beneficiarios entre mayo y junio del presente año, quedando el segundo pago pendiente para octubre de 2008, fecha para la que está prevista la ocupación de estos terrenos.

La Consejería de Obras Públicas ya ha planteado la necesidad de ocupación pública de este área. Por otro lado, la desaparición de las viviendas ya venía contempladas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, y en el próximo Plan Especial de Protección y Reforma Integral de Casco Histórico, Peprich.

Reticencias

Los trabajadores y propietarios de las siete fincas condenadas al derribo, todas próximas a la rotonda de Juan Vargas, han acogido la noticia con cierto recelo. Teresa Lucía, peluquera, confiesa que llegó el pasado mes de junio a la barriada sin conocer el destino de estos inmuebles. «Realicé una inversión muy fuerte para habilitar el local y como no reciba ayuda por parte de las Administraciones me veré obligada a cerrar las puertas de mi negocio y a volver a casa», explica la peluquera.

Por su parte, Inmaculada Gutiérrez, estanquera del barrio, se muestra escéptica con la llegada de subvenciones y asegura no tener confianza en que éstas lleguen a hacerse realidad. Dos de los vecinos de la manzana, el matrimonio formado por Enrique Páez y Luisa Pérez, ven el principal inconveniente de esta operación en el forzoso traslado de domicilio que tendrán que afrontar. «Ya somos mayores y tenemos la vida hecha a esta zona y a sus vecinos, por lo que volver a empezar en otro barrio será muy duro», afirma Pérez. Por otro lado, Páez detalla que la tardanza en hacer público el proyecto del tranvía provocó que afrontara una serie de gastos en su hogar sin saber que no iba a disfrutarlos mucho tiempo. «Hace dos años invertí 30.000 euros en reformar el interior de mi vivienda», lamenta el vecino.

Colaboración

El concejal socialista Carlos García Caballero asegura que factores como el traspaso de negocios, la interrupción de la actividad laboral o la pérdida de la clientela habitual han llevado a la Junta al compromiso de otorgar las máximas valoraciones que le permite la normativa vigente. García Caballero también mantiene que la colaboración del Consistorio isleño, como Administración más próxima al ciudadano, será imprescindible para agilizar la puesta en marcha de estas medidas. De esta forma, el PSOE ya ha solicitado a la Empresa de Suelo Isleña, Esisa, la futura reubicación de cada uno de los negocios afectados en locales de titularidad municipal.

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