Más regulación

l anuncio de que el Gobierno aprobará un nuevo «marco básico» que asegure las condiciones en que puede practicarse el aborto y la confidencialidad de los datos de las mujeres que se someten al mismo, pone de manifiesto la necesidad de amparar a quienes hayan podido sentirse injustamente hostigadas o culpabilizadas por una dolorosa decisión que encuentra amparo, en todo caso, en la legalidad vigente. Pero la iniciativa del Ejecutivo también deja al descubierto las carencias y déficits en el desarrollo de una normativa cuya ejecución ha sido delegada en el 98% de los casos en las clínicas privadas. Resulta por ello difícilmente comprensible que no se haya promovido hasta ahora una regulación más profunda sobre el ejercicio de una práctica sanitaria tan delicada, en la que existen disparidades.