Proceso garantizado
El Supremo inició ayer la tramitación de las demandas presentadas por la Fiscalía General y la Abogacía del Estado para ilegalizar a ANV y al PCTV, al tiempo que acordó, por unanimidad, convocar a las partes el próximo viernes a una vista pública para concretar las medidas cautelares solicitadas. La Sala Especial se ha opuesto así a la pretensión del Ministerio Público de acelerar los pasos a fin de impedir la presentación de listas electorales por parte de los partidos demandados, lo que implicaba efectuar una lectura restrictiva de las previsiones legales suprimiendo la celebración de una audiencia ante el Tribunal. La decisión judicial resulta del todo congruente con la necesidad de asegurar el pleno ejercicio de las garantías de defensa que asisten a ambas formaciones ante un procedimiento que afecta a un derecho fundamental como el de participación política. La excepcional relevancia que adquieren en democracia los procesos de ilegalización de opciones partidarias obliga a los tribunales, más si cabe, a ajustarse escrupulosamente a los presupuestos legales que aseguran la tutela judicial efectiva.
Actualizado: GuardarAunque eso suponga, en el caso de ANV y del PCTV, permitir que formalicen candidaturas pese a que éstas puedan quedar anuladas posteriormente por efecto de la vía penal emprendida por el juez Garzón, de las resoluciones que adopte el Supremo o de ambas iniciativas combinadas. La imprescindible cautela que precisa un proceso que se va a desencadenar en todos los frentes posibles, con el objetivo de evitar que las siglas abertzales amparadas por la legalidad sigan siendo utilizadas en beneficio de los intereses de ETA y de Batasuna, convierte en un despropósito la reiterada afirmación del ministro de Justicia de que las pruebas acumuladas sí permiten ahora la jugada de la ilegalización. Unas manifestaciones que trivializan la rigurosidad de la ley y suponen una falta de respeto hacia la acción de los tribunales, los únicos competentes para dilucidar el futuro de las dos formaciones demandadas.
Pero tanto o más censurable resulta que una vez que el sistema hace valer sus mecanismos garantistas, el nacionalismo institucional aliente interesadas sospechas sobre la supuesta existencia de una decisión predeterminada por parte de los jueces.
