De la Vega anuncia medidas para garantizar la intimidad de las mujeres que aborten

Las dos últimas operaciones policiales contra clínicas abortistas, en una de ellas con citación judicial para las mujeres que abortaron, han llevado al Gobierno a anunciar una serie de medidas para proteger la intimidad de las pacientes. Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que el objetivo es garantizar la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo y el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de quienes decidan abortar.

El Gobierno va a aprobar una norma por la que se establecerá un "marco básico" que garantice, por un lado la intimidad de las mujeres y por otro la calidad en la interrupción voluntaria del embarazo.

Fernández de la Vega ha explicado en la rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo que el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de inspección de las administraciones públicas.

La reforma de la ley, en el aire

"El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", ha expuesto la vicepresidenta, que ha dejado para más adelante cualquier modificación en la Ley del Aborto. A su jicio, habrá "ocasión de mejorar" el texto normativo si, tras el "amplio debate social" que este tema ha suscitado, se llega "a la conclusión de que así hay que hacerlo".

Hasta que llegue ese momento, la número dos del Gobierno ha insistido en que "es nuestra obligación como Gobierno seguir garantizando los derechos de todos y de todas" y ha asegurado que "las mujeres no deben dudar" de que así se hará "hasta el último día de nuestro mandato".

Tras el debate generado por la investigación judicial abierta sobre varias clínicas por haber llevado a cabo, supuestamente, abortos ilegales, los ministros de Sanidad y Justicia han presentado hoy sendos informes sobre este asunto en la reunión del Ejecutivo.

Medidas de 'equidad' antes de que acabe la legislatura

Sanidad promoverá una norma común -probablemente un decreto- que regulará las garantías en las que se practican los abortos en el conjunto del Estado, no sólo para las mujeres sino también para los profesionales de las clínicas acreditadas para este fin. La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura.

El objetivo de la norma será promover la equidad y la calidad, de modo que el acceso a esta prestación "sea igual en todo el territorio español" y "no haya discriminaciones", ya que, según ha reconocido De la Vega, "ha habido algunas disfunciones".

También determinará las "condiciones y requisitos" de los conciertos que mantiene la Sanidad pública con las clínicas privadas que practican las interrupciones voluntarias del embarazo.

En el ámbito de la Justicia, ha explicado que los datos relativos a la salud de las personas son "especialmente sensibles" y, por esta razón, están protegidos por la Ley. Este departamento se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos, a fin de que emita un dictamen en el que se fijen los límites del ejercicio de la inspección sobre este tipo de supuestos, en los que peligran datos privados sobre la salud de las personas.

En referencia a las investigaciones en marcha, De la Vega ha apuntado que en las últimas semanas se ha vivido en este país una situación que ha afectado a profesionales sanitarios y, sobre todo, a las mujeres, que "han visto peligrar derechos fundamentales como el de la intimidad o confidencialidad".