Orientación pastoral
La posición adoptada ayer por la Conferencia Episcopal ante las elecciones generales resulta coherente tanto con las orientaciones morales que ha venido dirigiendo a los ciudadanos católicos, como con su oposición hacia algunas de las reformas políticas y legislativas más relevantes del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Al reconocer, como no podía ser de otra manera, la libertad de voto pero advirtiendo de que «no todos los programas son igualmente compatibles con la fe», la cúpula de la Iglesia ejerce su derecho a expresar públicamente su parecer ante la cita con las urnas y a tratar de proyectar su influencia sobre los creyentes. La retórica del texto, aun cuando el portavoz de los obispos ofreciera después una explicación más comprometida del mismo, parece evidenciar una renuncia a manifestarse en términos de abierta beligerancia. Lo que permite a los prelados reiterar su discurso más doctrinal contra el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual, pero también efectuar reflexiones en torno a los límites de la negociación con ETA o la erradicación de las desigualdades que pueden resultar asumibles por una feligresía plural pero también por una sociedad igualmente plural.
Actualizado:Pero la asunción de esa misma diversidad supone admitir que la acción individual del voto raramente conlleva una identificación plena con los postulados del partido al que se otorga el apoyo. Como, de la misma manera, los objetivos y pretensiones de la Conferencia Episcopal, en tanto representante oficial de la comunidad católica, tampoco encontrarán una réplica exacta en ninguno de los programas que concurrirán a las urnas. La pretensión de los obispos de que los gobernantes «se atengan al denominador común de la moral fundada en la recta razón» no sólo no puede obviar la existencia de valores éticos y principios de actuación no necesariamente coincidentes con la profesión de la fe católica. No puede soslayar, sobre todo, que las reglas que rigen la convivencia en un Estado de Derecho están subordinadas al obligado acatamiento de las leyes que aprueban las instituciones legislativas por el sistema de mayorías democráticas y cuya legitimidad queda, en último extremo, bajo el control de los tribunales de Justicia. Es por ello que la utilización del calificativo «injustas» resulte inadecuada en el ejercicio por parte de la cúpula de la Iglesia de su legítima capacidad para censurar las reformas del Gobierno y aspirar a su revocación.